Con el objetivo de garantizar el trabajo decente para todos los trabajadores y trabajadoras del país, el gobierno presentó este miércoles un proyecto de ley que busca mejorar las condiciones laborales y sanitarias de los recolectores de residuos domiciliarios.

Junto con reconocer la labor de estos trabajadores, la iniciativa también tiene un enfoque preventivo sobre accidentes y enfermedades laborales, según dieron a conocer la ministra del Trabajo y Previsión, Jeannette Jara y la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, y el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo.

“Este proyecto se hace cargo de la dignidad de los trabajadores que cumplen una función fundamental para las personas y la comunidad, pero que en este propósito deben enfrentar condiciones climáticas y sanitarias adversas”, aseguró la secretaria de Estado.

Y agregó que “este país tiene una deuda que se empieza a cumplir ahora a partir de la discusión de este proyecto de ley, que lo que hace es que reconoce sus funciones y el aporte que realiza en el país, promoviendo que puedan acceder a un salario que valorice su trabajo. Para esto, en las bases de licitación que se realicen para contratar recolectores de residuos domiciliarios, se establece que se va a privilegiar a aquellos a quienes ofrezcan mejores remuneraciones”.

La titular del Trabajo destacó que el proyecto es fruto del trabajo realizado por el gobierno con los trabajadores del sector desde el año pasado, logrando recoger las demandas más importantes tras conocer de cerca las complejidades y problemas que a diario deben enfrentar los recolectores en el ejercicio diario de sus funciones.

En esta línea, la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales señaló que “el trabajo que sintetiza esta mesa es la presentación de un proyecto de ley que es una demanda histórica de estos sindicatos y agrupaciones de trabajadores que por mucho tiempo venían planteando la necesidad de tener elementos de protección para desarrollar de buena forma su función, una función pública. Sin este proyecto de ley cuando uno de estos trabajadores se accidentaba no tenía derecho a enfermedad, no tenía derecho a un baño digno o lugar donde alimentarse”.

Por ejemplo, una de las condiciones precarias que enfrentan los trabajadores de este rubro, es que no cuentan con acceso a servicios sanitarios. Además, están expuestos al peligro que conlleva el manejo de residuos tóxicos o de materiales cortopunzantes y la exposición a materiales biológicos. Esto se suma a los riesgos de accidentabilidad y de enfermedades profesionales.

Es en este contexto que el proyecto reconoce la labor de los recolectores de residuos domiciliarios y su derecho a la protección de la salud, tanto para los contratados vía municipios o por licitaciones. Es así como la iniciativa no hace distinción entre trabajadores municipales y subcontratados por empresas externas.

En concreto, se consideran incentivos para mejorar los sueldos en las licitaciones, ya que en las respectivas evaluaciones de estos procesos se dará prioridad a los oferentes que entreguen mayores sueldos por sobre el ingreso mínimo mensual y otras remuneraciones de mayor valor.

El alcance del proyecto también incluye a barredores, conductores o choferes, y peonetas en camiones recolectores que cumplen este tipo de labores.

En términos de mejoras en las condiciones laborales, el proyecto establece garantías de acceso a servicios sanitarios y de limpieza. Pera esto se permite que las empresas -en conjunto con los municipios- puedan celebrar convenios con entidades para dar cumplimiento a estas obligaciones en las rutas de recolección.

Además, los trabajadores deberán contar con lugares de alimentación limpios y en buen estado, con acceso duchas y espacios independientes que posean agua potable, lo que se establecerá mediante un reglamento.

Entre otras mejoras, en el ámbito preventivo la iniciativa legal apunta a que el empleador deberá realizar capacitaciones para acceder a seguros de accidentes y enfermedades profesionales, además de poner a disposición de los trabajadores un protocolo de prevención y gestión de riesgos.