Nacional
Crónica
Policial
31/07/2024
El Juzgado de Garantía envió a prisión preventiva a los tres detenidos por su presunta participación en el triple crimen de carabineros, que tuvo lugar la madrugada del pasado 27 de abril en esa comuna de la Región del Biobío.
Los imputados, arrestados la madrugada del lunes, corresponden a los hermanos Jefferson (19) y Felipe Antihuen Santi (29), y a Nicolás Rivas Paillao (19), que no tiene relación familiar con ellos. Hay un cuarto sujeto que permanece prófugo, identificado como Tomás Antihuen Santi, hermano de los dos primeros.
En la segunda jornada de la audiencia de formalización, el juez de Garantía Cristián Rosenberg De La Fuente resolvió aplicar la máxima medida cautelar dada la gravedad de los delitos y las penas probables, que la libertad de los sospechosos constituyente un peligro para la seguridad de la sociedad y que "existe alto riesgo de fuga y reincidencia".
Además, ordenó que sean ingresados a la Cárcel de Alta de Seguridad en Santiago, y estableció un plazo de seis meses para la investigación.
La Fiscalía Regional de La Araucanía, a cargo del caso, les imputa los delitos de robo con violencia, debido a que se ha acreditado en la investigación que antes de asesinarlos, les robaron el armamento y los elementos de protección a los uniformados; de homicidio calificado en carácter de reiterado; de incendio, por la quema del vehículo institucional; porte ilegal de armas y traslado ilegal de restos humanos.
De acuerdo con la indagatoria, el suboficial Carlos José Cisternas Navarro y los cabos primero Sergio Antonio Arévalo Lobo y Misael Vidal Cid -todos ascendidos póstumamente al rango de suboficial mayor-, fueron emboscados cuando concurrían a controlar la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que pesaba sobre el tío de los hermanos Antihuen Santi.
Allí fueron asesinados a tiros y luego sus cuerpos quemados en el pick up de la camioneta policial.
Los antecedentes llevaron al juez Rosenberg a "establecer y concluir que los funcionarios previamente debieron haber sido reducidos (...) (y) se les despojó de su armamento (...), concordante con la descripción que hace el testigo reservado número dos, en orden de que escuchó un enfrentamiento".
Los policías, ya en la "indefensión", fueron "ultimados y rematados en el suelo", puntualizó.
La investigación de la Fiscalía sostiene que los Antihuen Santi fueron quienes mataron a los uniformados cuando llegaron hasta el portón de su tío para fiscalizar el cumplimiento del arresto domiciliario. En ese marco, el juez de Garantía consideró que actuaron "sobreseguro", y subrayó como "un antecedente extremadamente relevante" que Felipe haya apagado los celulares "a determinada de hora", lo que constituiría una "situación concertada y premeditada" con el fin de evitar que fueran localizados en la zona.
Sobre el desarrollo de los hechos, el magistrado determinó que no pasaron más de 45 minutos entre el momento en que los carabineros llegaron hasta ese lugar, en el sector de Antiquina, cerca de la medianoche del viernes 26 de abril; y cuando las autoridades recibieron la primera alerta del incendio de la patrulla, en la Ruta P72 en Cañete, ya en la madrugada del sábado 27.
A Nicolás Rivas, en tanto, se le atribuye haberse concertado para suministrar armas a Tomás Antihuen, quien habría concurrido a su casa a buscar una escopeta y municiones. El juez relevó que Rivas ya estaba al tanto del asesinato de los policías antes de que la noticia se hiciera pública, por lo que estimó que ese y otros antecedentes "hacen presumir fundadamente de que tuvo participación en los hechos".
"La forma de muerte de los funcionarios hace pensar que quienes participaron en la ejecución debieron haberlo sido en un número de a lo menos cuatro personas, si se considera que uno de los funcionarios recibió de manera simultánea impactos de dos personas (...) cuando tenía sus brazos levantados", razonó Rosenberg.
En la víspera, la ministra del Interior, Carolina Tohá, había manifestado su confianza de que los imputados fuesen enviados a prisión preventiva, dado que "su peligrosidad no requiere ningún tipo de comentario, es evidente", y debido a que la evidencia levantada por la Fiscalía y Carabineros es "contundente".
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, resaltó que en la audiencia, "para ser una etapa de formalización y discusión de cautelares, el estándar que hemos aportado al tribunal es mayor al estándar que se exige".
Respecto a los cuestionamientos de las defensas, sostuvo que "si se exigiera que exista un testigo presencial cada vez, sería imposible el esclarecimiento de un hecho de esta clase".
"Por eso desde el comienzo planteamos que hay una complejidad en la investigación y que es necesario reconstruir los hechos sobre la base de prueba indiciaria. Es decir, a través de diferentes indicios y piezas de la investigación, como una especie de puzle para la deducción de los hechos que se puedan acreditar y la participación de personas en los mismos", expuso.
En ese contexto, apuntó que han recabado declaraciones de testigos, posicionamientos geográficos y pruebas de carácter biológicos.
