El senador Javier Macaya presentó su renuncia a la presidencia de la UDI tras reconocer que cometió un error al cuestionar fallo que condenó a su padre por abusos sexuales a niñas.

"Frente a la sentencia que afecta a un integrante de mi familia, reitero mi profundo respeto al Estado de Derecho, a las decisiones de la Justicia y manifiesto mi férreo compromiso con los derechos de las menores involucradas en dicha situación", dijo el parlamentario por O'Higgins en un comunicado.

Macaya afirmó que "la UDI cumple un rol importante en la conducción de esos desafíos, a lo que debe abocarse plenamente. Por tanto y en aras de mi compromiso político, he tomado la decisión de renunciar a la presidencia de la Unión Demócrata Independiente", anunció.

Finalmente, el ahora exlíder gremialista aseguró que "jamás permitiría que una situación familiar, por dolorosa que sea, afectara aún más a las menores de edad involucradas y, asimismo, al desempeño de mi partido y la trascendencia de su responsabilidad frente a Chile". 

CRÍTICAS DE BORIC Y CHILE VAMOS: LA CAÍDA DEL TIMONEL UDI

La controversia que sepultó la presidencia de Macaya surgió el domingo, después de que abordara en el programa "Mesa Central" de Canal 13 la sentencia dictaminada en contra de su padre, el empresario agrícola Eduardo Macaya.

El senador dijo entonces que correspondía respetar los fallos de los tribunales, pero también indicó que "mi declaración inicial sobre la inocencia de mi padre tiene que ver con el conocimiento que tengo de la causa".

Así, aunque aseguró respetar las decisiones judiciales, reparó en que la sentencia aún no está firme y reiteró su tesis de que el caso partió con "un video editado".

Su defensa generó una ola de críticas del oficialismo e, incluso, de la propia oposición. El propio Presidente Gabriel Boric declaró hoy: "Cuando un senador, un diputado, en mi caso como Presidente de la República, no separamos los roles y justificamos o ponemos en duda decisiones de la justicia, le hace mal a las instituciones". 

"Todos en Chile tenemos que estar sometidos al mismo estándar de la ley, independiente de nuestras cercanías personales", añadió el Mandatario.

Desde Chile Vamos, en tanto, la senadora María José Gatica, de Renovación Nacional (RN), opinó que "esta situación compleja amerita renunciar a la presidencia de la UDI".

"Su opinión provoca desprestigio al sector que representa, restando importancia a la vulneración a menores de edad. Pido perdón, porque como sociedad no podemos permitir esto", aseguró la legisladora. 

En la misma línea, la diputada de RN Ximena Ossandón planteó que Macaya "tiene que entender que es el presidente de un partido que es aliado a nosotros y que en sus declaraciones nos está haciendo partícipes de algo que nosotros repudiamos, que es el tema de la pedofilia".

En la UDI, en tanto, la senadora Luz Ebensperger sostuvo que la dimisión del timonel "es una decisión que tiene que tomar él. Yo creo que no está inhabilitado. Para mí lo importante es que quien está siendo juzgado y quien fue condenado en primera instancia es el padre del senador Macaya y no el senador Macaya".

"El senador Macaya reconoció que cometió un error en esas declaraciones que compartimos... Compartimos que fue un error", subrayó la congresista. 

Esta jornada, Gendarmería abrió un sumario administrativo con el fin de esclarecer si existió un trato diferenciado para el padre del senador durante su permanencia en la cárcel de Rancagua, en la Región de O'Higgins.

Ayer, la Corte de Apelaciones de Rancagua decretó la libertad del empresario agrícola, luego que su defensa presentara una apelación contra la medida, que había sido decretada el viernes tras conocer la condena de seis años de presidio efectiva, para cautelar una posible fuga a la espera de que el fallo quede firme.

La decisión se dio pese a que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de San Fernando alertó ese día sobre un riesgo de fuga y el peligro que significa el empresario para la seguridad de la sociedad. De esta manera, Macaya padre está en su casa cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario mientras la sentencia en su contra queda ejecutoriada.