Más de $189 mil millones han transado en compras públicas las micro, pequeñas, y medianas empresas de la Región del Biobío, en lo que va del año.

En el desglose se observa que estos montos tratan de $27 mil millones, $88 mil millones, y $74 mil millones, respectivamente; de acuerdo a los datos entregados por el seremi de Hacienda, Sebastián Rivera, en base a ChileCompras.

En ese mismo orden, en cuanto al número de órdenes de compra, estas son de más de 11 mil; 20 mil y 14 mil.

En este contexto, es que Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo A.G. de Concepción dio a conocer que en el caso de pymes del comercio existen quejas en cuanto a los plazos de pago.

“El sistema de pagos a 30 días está complicado porque el problema o el nudo que hay no es que tanto el sector público o privado no paguen una factura a 30 días, sino que no autorizan la facturación”.

En línea con lo anterior, la dirigenta gremial explicó que “un prestador de servicios ante un estamento público o privado a quien se le envía la documentación sobre el trabajo y los insumos que se han entregado, deben ser revisados y es ese proceso de revisión, previo a la facturación, el que se demora, tardando hasta 90 días. Transcurrido este periodo, recién informan que es posible facturar y una vez facturado, comienzan a correr los 30 días de plazo para el pago de la factura, entonces, el problema está en el proceso de autorización previa a que corra el plazo de 30 días para el pago de las facturas”.

Servicios e insumos

De acuerdo con la presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo A.G. de Concepción, la tardanza “se da más que nada en la prestación de servicios y la entrega de insumos, porque tienen que validar los insumos que son ingresados donde también ahí demoran hasta 90 días”, afirmó.

De acuerdo con Cepeda, lo anterior se da en un contexto adicionalmente desfavorable para las pymes del comercio ya que “también hay que considerar que muchas veces como comercio tenemos que pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de manera anticipada y las pymes no estamos en condiciones de además de esperar más de 90 días, hacer el pago del IVA de forma anticipada”, enfatizó.

CPC Biobío

Por su parte, Álvaro Ananías, presidente de CPC Biobío aseguró que “en CPC los socios han tomado muy seriamente el tema de apalancar y apoyar a la pyme regional. En este sentido, también se está cumpliendo con la norma del pago a 30 días, pero no solo con eso. Justamente, las empresas medianas y grandes de la Región del Biobío a través de nuestro comité de Innovación y Pymes, están participando activamente de forma de poder apalancar y ayudar a desarrollarse a empresas pequeñas y medianas de la zona”.

Junto a lo anterior, Ananías señaló que “es importante destacar que muchas de nuestras empresas socias, que son industrias relevantes en la zona, de alguna manera privilegian la contratación de firmas pymes para ayudar a desarrollarlas”.

Cabe indicar que de acuerdo al Ministerio de Economía, con el objetivo de promover una relación más simétrica entre las empresas en materia de pago una vez que realizan la venta de sus productos o la prestación de sus servicios a otra, la Ley de Pago a 30 Días (Ley 21.131) establece plazos certeros, regula el no cumplimiento de los mismos, garantiza el derecho a la aplicación de intereses por mora y el derecho a indemnización; y por último, califica como cláusula abusiva a cualquier acuerdo que vulnere los derechos contenidos en esta normativa.