Un tenso debate se ha llevado a cabo en el Congreso respecto al proyecto de las Reglas del Uso de la Fuerza a raíz de una indicación presentada por el Ejecutivo que pide un trato diferenciado de las policías y Fuerzas Armadas para ciertos grupos de la población, lo que ha provocado diversas críticas desde la oposición y del oficialismo.

El mencionado artículo señala que se deben considerar especifidades para el uso diferenciado de la fuerza en los casos en que exista presencia de niños, niñas, o adolescentes; mujeres; diversidades sexuales; personas con discapacidad; migrantes, indígenas o adultos mayores.

Ante ello, el diputado UDI Jorge Alessandri afirmó: "Nosotros pensamos que la fuerza ilegítima tiene que ser repelida igual, no importa de quién viene".

"En México la gran crisis de asalto a los bancos fue de mujeres con metralletas, ¿usted está insinuando que el GOPE no entre en esos casos porque son mujeres las que sostienen las metralletas? La bala de una mujer, de un adulto mayor, de un menor de edad, de una persona que pertenece a pueblos originarios asesina igual a las víctimas", agregó el parlamentario gremialista.

Por su parte, el diputado Luis Sánchez (Republicanos) enfatizó que "la ideología del Gobierno cada día puede alcanzar nuevos límites, y aquí nos dicen que, al parecer la bala de un mapuche, la bala de un homosexual, no hace tanto daño como la bala disparada por otro delincuente".

CUESTIONAMIENTOS DESDE EL OFICIALISMO

Desde el oficialismo, el diputado Raúl Soto (PPD) también cuestionó la indicación del Gobierno y señaló que le parece "irrisorio, me parece absurdo que cuando estamos buscando regular cómo las policías, cómo las FF.AA, pueden actuar para enfrentar el crimen organizado en nuestro país, se plantee que hay que tener una especial consideración por las diversidades sexuales, por las minorías, por los migrantes".

"Por favor, el principal problema de crimen organizado que tenemos en Chile se trata justamente de migrantes irregulares. Lo único que hacemos es prestarnos para el leseo", añadió el legislador.

"NO ENTIENDO MUY BIEN LA FORMA EN CÓMO SE APLICARÍAN"

En conversación con El Diario de Cooperativa, el fiscal nacional, Ángel Valencia, reconoció que "no hemos sido citados para expresar nuestra opinión respecto de ese aspecto del proyecto, me enteré por la prensa, (y) no entiendo muy bien la forma en cómo se aplicarían los hechos".

"Prefiero -una vez conocidos el proyecto- emitir una opinión", concluyó el jefe del ente persecutor.

En tanto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió la indicación al sostener que no contenía "nada nuevo" y precisó que dicho artículo estaba contemplado para el segundo nivel del uso de la fuerza, es decir, la disuasión verbal.

En ese sentido, explicó que las diversidades sexuales y los indígenas son grupos que deben ser protegidos por dicha legislación e hizo un llamado a los parlamentarios oficialistas a no realizar interpretaciones equivocadas sobre el proyecto.