Esta semana, tras el inicio de la actividad legislativa, retornó la importancia sobre la urgencia dada por el Ejecutivo al proyecto de Ley de Incendios.

Cobró especial relevancia tras los incendios en Viña del Mar, y el más reciente de Tirúa en el caso del Biobío. En este último, se solicitó el respaldo de la Fuerza Pública para el combate de 19 focos que habrían aparecido de manera simultánea en los sectores denominados “El Malo” y “El Cardal”, con alrededor de 200 hectáreas afectadas por las llamas.

En este contexto, Esteban Valenzuela, Ministro de Agricultura explicó algunos aspectos sobre el proyecto de Ley de Incendios. “En pocas palabras, hay tres cosas estructurales. Los cortafuegos obligatorios, para pequeños, grandes y medianos. Nos comprometimos, porque lo pidieron los parlamentarios, que con una afinidad va a buscar ayudar a los pequeños. Pero tiene que haber responsabilidad. No se puede tener el bosque con el pasto largo, dejando todas las podas allí. Tiene que haber zonas de cortafuegos donde corresponda según la Conaf lo va determinando”.

En cuanto al interfaz urbano-rural, el ministro de Agricultura manifestó que “no podemos seguir, los que somos creyentes, rezando. Que no exista un mega incendio en el Gran Concepción. Están los bosques encima de Penco, Tomé. Y allí es muy importante esta interfaz. Que Conaf, cuando dice lo que hay que hacer, en coordinación con el municipio, eso tiene que ser obligatorio para los propietarios de estos terrenos que están en la interfaz”.

El titular de la cartera de Agricultura detalló además que, respecto al sector privado, “se puede multar de 1 a 3.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Y si insisten en no hacer el trabajo, Conaf va a poder entrar y/o el municipio, y se manda la cuenta a él (propietario). En caso de que sean factores de un incendio grande, no haber cumplido esto, la multa puede llegar a 10.000 UTM”.

“Y finalmente, se genera el concepto de las zonas de amortiguación. Y allí viene en la ley algo bien extraordinario. Y es que hay una hacienda que aceptó un artículo que personas que están en el 701, que eran los terrenos exclusivamente forestales, pueden transitar a algo mixto. En que tengan pasturas vivas, agricultura, también partes de estas zonas de cortafuegos. Y no tengan que pagar por eso, ni las multas de intereses, por no tenerlo 100% forestal. Tenemos que ir a ese paisaje más resiliente, que es la abandonada, y que en muchas áreas puede haber más mixtura donde hay agricultura y menos incendios. Agricultura viva, no terrenos agrícolas abandonados”, afirmó Esteban Valenzuela.

Gremios

Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) expresó sobre las ventajas y desventajas del proyecto de Ley de Incendios que “cuando hablamos de una actividad recurrente de entre 6 mil y 7 mil incendios al año en el país, con sobre un 99% de origen humano, claramente hay que hacer algo distinto para no repetir tragedias como las que recientemente hemos vivido (Viña del Mar) y debemos avanzar en un modelo legal moderno, eficaz y bien orientado, creemos que puede ayudar a prevenir, combatir de manera eficaz y tener una inteligencia efectiva para anticiparnos a los incendios y perseguir a los responsables junto con recuperar el bosque quemado que deja una estela de pobreza y marginalidad a los territorios”.

“Nos parece que el proyecto presentado por Ejecutivo avanza en la dirección correcta, pero queda a medio camino, es muy incompleto. Si esta ley hubiera estado aprobada, nos habría evitado la tragedia de Viña del Mar”, sumó.

Lo que falta

En la mirada del presidente de Corma, lo que falta en la nueva normativa sobre incendios es contar con 4 pilares. “Primero, fortalecer la prevención que tiene que ver con la interfaz entre el mundo rural y urbano como plantea el proyecto pero también y de manera muy importante, tener comunidades locales organizadas, empoderar a alcaldes y gobernadores para dirigir las comunidades en términos de prepararse todo el año de forma de no generar condiciones propicias para propagación de incendios”.

Lo segundo, dijo Juan José Ugarte, “es contar con un despliegue climático preventivo, porque los incendios rurales y forestales no son un fenómeno forestal y la ocurrencia ya sabemos es de origen humano, pero la propagación tiene que ver con eventos climático que podemos anticipar cuando hay mayor riesgo de propagación y sabemos que tener esos días de manera anticipada, un despliegue preventivo, esto es, tener a las Fuerzas Armadas o Carabineros en la zonas de mayor riesgo e intencionalidad, tener paralización de las industrias y desplegar a sus operarios por los territorios, tener una contención para los incendios negligentes, para los accidentes y también para la intencionalidad. También debe considerar prevenir la ocurrencia de incendios por accidentes eléctricos, entonces la prevención es un capítulo fundamental que está parcialmente tomado en el proyecto de ley de incendios del Ejecutivo, pero no de manera integral”.

Otro punto relevante para el representante de Corma tiene que ver con el combate. “Existe suficiente evidencia sobre fortalecer el combate nocturno. El 30% de los incendios en Chile inician de noche y tenemos una dotación inferior al 10% de brigadas para esos periodos cuando es mucho más eficaz, por menor temperatura y porque no hay viento y alta humedad donde se debe agregar el combate aéreo nocturno. Hoy existe la tecnología y pilotos avezados donde los mismos que vienen a Chile y han combatido de manera nocturna en el norte, podrían hacerlo en el sur si la ley los facultara. Además, se deben trasformar a los brigadistas en una actividad profesional durante todo el año, que no sea un oficio de temporada” aseveró el mandamás del gremio maderero”.

Investigación

La investigación es otro pilar que puso en relieve el presidente de Corma. “Tal como se demostró en la Ley del Robo de Madera que en 18 meses se redujo el robo de madera en un 82% fue principalmente porque se entregaron facultades a jueces, policías y fiscalías (…) Tenemos cámaras con sensores térmicos que operan 24 horas y 7 días a la semana, vuelos no tripulados con imágenes de alta calidad, por lo tanto, al dotar a las policías y la fiscalía de más herramientas para perseguir delitos es otro punto muy importante en que la ley no dice nada”.

Pequeño y mediano propietario

En la visión del gremio maderero nacional, el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo, “más bien sanciona al pequeño y mediano propietario, obligándolo con recursos propios, con cargo a su propio patrimonio, ejecutar obras de mantención y mantenerlas a perpetuidad, sin entregarles ninguna ayuda en los trabajos de anticipación y, menos aún, no hay mención a como recuperar el bosque ocurrido el incendio”.

“No podemos tener una ley de incendios que siga sin mirar a los más de 24 mil propietarios de plantaciones y más de 90 mil propietarios de bosque nativo que se ven seriamente dañados por la acción humana”, sostuvo Ugarte.

De acuerdo con Michel Esquerré, presidente de Pymemad, entidad que agrupa a pequeños y medianos propietarios forestales en Biobío el proyecto de ley de incendios “no contempla la realidad operativa, del día a día, de los pequeños y medianos propietarios. Un gran defecto es, por ejemplo, que pueden mandar a hacer un cortafuegos que para una pyme puede llegar a representar la mitad de su campo y no aumenta las penas para los causantes de los incendios”.

A lo anterior, el presidente de Pymemad sumó que “el proyecto de ley está mal enfocado porque no discrimina entre pequeño y mediano propietario y no persigue como corresponde a quienes provocan los incendios. Desde el punto de vista de las pymes de la industria del sector forestal no vemos ninguna consideración en el proyecto de ley que diga, esto protege, rescata o ayuda a los pequeños propietarios”.

Sector agrícola

José Miguel Stegmeier, presidente de la Sociedad Agrícola Biobío (Socabio) fue enfático en señalar que “por supuesto que es necesario contar con la mejor legislación posible que permita prevenir y combatir los incendios”.

Para Stegmeier, “es muy importante considerar que la mayoría de los incendios forestales y rurales en general, tienen orígenes intencionales, por lo tanto, la ley debe considerar este grave antecedente, de tal manera que se cuente con las herramientas de prevención en esta materia”.

José Miguel Stegmeier agregó que “una ley de esta naturaleza, debe mandatar a los Gobiernos, a las Policías, Fiscales y Jueces, a coordinar las mejores acciones, incluyendo los servicios de inteligencia correspondientes, para anticiparse en la detención y posterior juzgamiento de los autores y cómplices que originan, con el exclusivo afán de hacer daño, la mayoría de los incendios en las zonas de mayor ocurrencia”.