La Ley que reduce las tarifas eléctricas para los servicios sanitarios rurales fue oficialmente publicada en el Diario Oficial, marcando un hito importante para más de 2 millones de personas en áreas aisladas y rurales de todo el país, con un impacto especialmente relevante en la región del Biobío.

Esta medida es crucial debido a su efecto directo en la calidad de vida de las comunidades que dependen de la energía eléctrica para extraer agua y acceder a servicios básicos. En el caso del Biobío, donde 185 sistemas benefician a más de 139 mil personas, esta acción representa un avance significativo hacia el acceso equitativo a recursos fundamentales.

La Seremi de Energía, Daniela Espinoza, resaltó la importancia de esta ley. "Representa un hito importante en nuestro compromiso por asegurar el acceso equitativo a la energía en nuestro país. La reducción de tarifas eléctricas para los servicios sanitarios rurales no solo alivia la carga económica de miles de familias, sino que también abre nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible de nuestras comunidades más vulnerables. En la región del Biobío, donde la dependencia de la energía eléctrica para acceder a servicios básicos es crucial, esta medida es especialmente significativa. Los sistemas de servicios sanitarios rurales en nuestra región verán un impacto directo en su calidad de vida gracias a esta ley”.

Por su parte el Seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, subrayó el valor de la energía para estos sistemas. "Impacta muy profundamente a los comités de agua potable rural, que deben hacer esfuerzos muy importantes para poder mantener los equilibrios desde el punto de vista de lo que son sus gastos, por tanto, esto ayuda a la sostenibilidad en el tiempo de este servicio".

Es importante destacar que esta disposición refleja el compromiso del Gobierno con el desarrollo integral de todas las regiones del país, especialmente aquellas que enfrentan mayores desafíos en materia de acceso a servicios básicos. Se espera que la reducción de tarifas eléctricas para los servicios sanitarios rurales tenga un impacto significativo en la calidad de vida y el desarrollo sostenible de las comunidades beneficiadas.