En dependencias de la Delegación Presidencial del Biobío, el Gobernador Regional, Rodrigo Díaz Wörner, participó de una nueva sesión del Comité contra el Crimen Organizado, instancia que busca mejorar las coordinaciones para el combate de delitos graves de alta notoriedad social.

En la convocatoria, también participó la delegada Presidencial, Daniela Dresdner; el jefe de la Octava Zona de Carabineros, general César Bobadilla; la fiscal regional, Marcela Cartagena, y representantes de la PDI del Biobío y Aduanas

Las citadas autoridades realizaron una presentación con el balance del trabajo realizado durante 2023 y el plan de acciones priorizadas para el 2024, de acuerdo a estrategias de seguridad nacional, generando un satisfactorio intercambio de opiniones de las contrapartes técnicas. 

Al respecto, el Gobernador Regional, Rodrigo Díaz, destacó que este tipo de espacios buscan responder a una de las necesidades más urgentes de la ciudadanía que es la seguridad. “Es una tremenda muestra de responsabilidad patriótica que entidades distintas al Gobierno, puedan converger para asumir una tarea que es de todos, que es la función de brindar bien común a las personas. Para ello, la seguridad es fundamental y perseguir el crimen organizado”, dijo.

Añadió que además el Gobierno Regional aporta conocimientos y recursos para las distintas instituciones y así mejorar la persecución de estas asociaciones delictivas. “Hay dos convenios de programación firmados con Carabineros y la Policía de Investigaciones que fueron firmados en 2022 y tienen una vigencia de cinco años. Se han comprado drones, se ha renovado la mitad de la flota de la PDI, incluyendo vehículos blindados para el efecto.  Esperamos materializar, para que ambas instituciones cuenten con renovado material aéreo”, dijo.

Por su parte, la delegada presidencial, Daniela Dresdner comentó que la Comisión viene funcionando desde 2022 y comenzaron con seis delitos (robo de madera, narcotráfico, tráfico de armas, robo de cables, robo de camiones de alto tonelaje) y este año se sumó el delito de trata de personas.

“Ha generado resultados positivos, pero eso no quiere decir que se hayan resuelto los problemas. Los desafíos que nos quedan son muy grandes y por eso seguimos con la presencia de todas las autoridades muy preocupadas para seguir avanzando”, expresó.

Cabe señalar, que estas comisiones son parte de la Política Nacional contra el Crimen Organizado que tiene por objetivo disminuir la actividad delictiva de las organizaciones criminales que operan en Chile, planificando y coordinando a las instituciones del Estado en la prevención control y persecución de estos delitos, desarticulando a las bandas y organizaciones criminales y su poder financiero- económico e implementando medidas concretas de combate de forma interinstitucional.