Luego de una larga polémica, la Corte Suprema anunció este jueves que dejará sin efecto la compra de 22 automóviles marca Lexus por la suma de 1.253 millones de pesos, para renovar la flota que ocupan los integrantes del máximo tribunal.

En una declaración pública, la Suprema remarcó que "el Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto en el ámbito administrativo y de gestión".

Asimismo indicó que "la Corte Suprema toma sus decisiones en lo relativo a la adquisición de bienes y servicios, ponderando y analizando en su mérito los antecedentes de que dispone al momento de adoptarlas".

Por ello, añadió, "este Tribunal no es ajeno a la contingencia y al contexto de los acontecimientos que preocupan al país. La decisión de renovar los vehículos institucionales asignados a la Corte Suprema en el año 2014 se funda en antecedentes técnicos y de seguridad, prefiriéndose estándares de sustentabilidad ambiental".

"Son esas, y no otras, consideraciones las que se tuvieron en vista para adoptar en su momento la aprobación de la renovación de los vehículos", puntualizó a la vez que explicó que "si bien la Ley de Presupuestos para el año 2024 no contempló la citada renovación, lo cierto es que la Dirección de Presupuesto (Dipres) -dependiente del Ministerio de Hacienda- comprometió el 9 de noviembre del año recién pasado, ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la autorización de fondos adicionales provenientes del saldo inicial de caja para necesidades manifestadas por el Poder Judicial", en los cuales se incluía la "renovación de vehículos institucionales".

"Formalizada la petición de aplicación del saldo inicial mediante oficio 3DF número 538 de 26 de enero de 2024 dirigido a la Dirección de Presupuestos, no ha habido respuesta", así, "atendida las consideraciones expuestas con la cuenta detallada del director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se decidió dejar sin efecto el acuerdo adoptado para la compra de 22 automóviles Toyota Lexus modelo ES300H, que se tomó por la mayoría de los miembros que concurrieron a esa decisión".

La decisión para adquirir estos vehículos de lujo fue adoptada el pasado 2 de febrero, con 11 votos a favor y dos en contra, estos últimos del presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, y la ministra Andrea Muñoz.

El caso causó gran polémica en la opinión pública, ya que cada automóvil tiene un valor superior a los 56 millones de , sumándose críticas y cuestionamientos sobre la manera en la que se gestionan los recursos públicos en medio de la catástrofe incendiaria que sufrió la Región de Valparaíso.