Finalmente se llevó a cabo la primera sesión del Gabinete Pro Seguridad en el Palacio de la Moneda, que contó con la participación del Presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá. 

Tras desarrollarse la instancia, el Mandatario publicó que "la tranquilidad de las familias de nuestro país es prioridad. (...) El objetivo es profundizar y acelerar la Estrategia de Seguridad del Gobierno con una coordinación intersectorial para combatir el crimen organizado y el narcotráfico". 

En la reunión también estuvo presente el ministro de Hacienda, Mario Marcel; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara; el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero y el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo.

Entre los objetivos de la instancia se encuentran mejorar la respuesta interministerial en materia de seguridad, evaluar las medidas de seguridad en ejecución, reforzar la presencia del Estado con actividades preventivas en lugares de alta vulnerabilidad, entre otros.

La ministra Tohá señaló que hicieron una "revisión de la estrategia del Gobierno en materia de seguridad, de los cinco ejes que la componen. Hicimos un foco específico en el avance y los resultados del Plan Calles sin Violencia y después estuvimos examinando distintas materias que plantean desafíos de trabajo conjunto, de coordinación, donde las instancias del Gabinete Pro Seguridad puede ser un espacio útil para reforzar el trabajo que se está haciendo".

Se prevé que para la próxima reunión existan propuestas concretas para reforzar el control de armas; desarrollar medidas para el control de armas ilegales en el espacio público de manera más efectiva y un programa de acción enfocado en el control de armas en los hogares.

Asimismo, se realizará un trabajo con ministerios del área social para desarrollar un plan de intervención y prevención en barrios de alto riesgo, con el aporte de la cultura y y el deporte, fortaleciendo además la organización comunitaria.

En esta línea, el alcalde de Renca, Claudio Castro, indicó que "nos hemos juntado varios alcaldes y alcaldesas, cercanos al Gobierno también, para pedir medidas excepcionales frente a una situación excepcional que estamos viviendo en términos de seguridad, especialmente delitos que tienen que ver con el uso de armas, con homicidios, y que requieren una articulación de la Fiscalía y las policías para poder enfrentarlo y eso está llegando".

"Hoy tenemos una policía militarizada que está distribuida en 50 puntos en la Región Metropolitana y Renca tiene puntos en ese plan que va a ir evolucionando en el tiempo. También hemos tenido una vinculación especial con la Fiscalía ECOH, que es la Fiscalía destinada precisamente a investigar los delitos donde hay uso de armas u homicidios", añadió. 

Finalmente, quedó una agenda establecida para discutir el ámbito penitenciario, aclarar la contribución que hacen las Fuerzas Armadas en términos de seguridad y cómo los servicios económicos como las Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) pueden contribuir al control del crimen organizado.