Las comisiones unidas de Constitución y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados despacharon en general y particular, el proyecto sobre el uso de la fuerza (RUF) por parte de policías y Fuerzas Armadas.

De este modo, la iniciativa quedó en condiciones de ser analizada por la Sala este viernes.

El grupo parlamentario venía trabajando esta iniciativa, en forma intensiva, durante esta semana, como respuesta por el asesinato de tres carabineros en la comuna de Cañete, el pasado 27 de abril.

Los diputados rechazaron a principios de esta semana el denominado principio de proporcionalidad, que consistía en establecer que el tipo y nivel de fuerza empleada debe determinarse en atención al grado de resistencia o agresión.

Asimismo, se aprobaron las etapas en el uso de la fuerza. Estas tienen concordancia con el grado de resistencia o agresión al que se ve enfrentado el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en un contexto particular.

Dentro de estas se encuentran los conceptos de: actuación mediante técnicas de comunicación, reducción física de la movilidad y utilización de fuerza menos letal, entre otras.

Los parlamentarios rechazaron que haya reglamentos con uso diferenciado de la fuerza según grupos sociales, como minorías sexuales, migrantes o adultos mayores.

Además, aprobaron la utilización de la fuerza potencialmente letal, incluso en la protección de infraestructura crítica cuando exista peligro grave de afectación. El Gobierno advirtió que, así como quedó la redacción, "se autoriza a matar" a alguien aún cuando no esté agrediendo a los efectivos militares.

El mayor cambio fue la incorporación de un artículo -aprobado estrechamente con votos de la oposición- que establece que los uniformados que sean imputados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones serán juzgados por tribunales militares. Esto, en cuatro hipótesis: en estado de excepción constitucional y en el resguardo de la infraestructura crítica, de zonas fronterizas o de procesos electorales.

El diputado republicano Luis Sánchez, uno de los promotores de la mentada norma, señaló que "el problema que nos ha traído acá, siendo súper sinceros, más allá de los tristes y bien indignantes hechos que condujeron a la muerte de tres carabineros, es un problema que se ha venido suscitando durante años en nuestros tribunales, que es este paseo infame de militares y carabineros que han estado dentro de los tribunales, enfrentando juicios, por tan solo haber hecho su trabajo". 

"Me acuerdo especialmente, y estuvimos en la cárcel de La Serena visitando al conscripto Robledo, que salió a la calle, disparó balas de salva, su arma nunca fue periciada y, aún así, hoy día está cumpliendo una condena de cárcel. Y casos así hay muchos", agregó el legislador. 

La indicación generó rechazo en el oficialismo. Según el diputado independiente-PPD Jaime Araya, parte de una premisa equivocada: "Si es cierto (lo que plantea la derecha), habría que haber tenido la decencia de poner acusaciones constitucionales contra los ministros de cortes de apelaciones que ratificaron esos fallos. Díganme un diputado que haya acusado a un ministro de corte de apelaciones en alguna región... Ninguno".

RESERVA DE CONSTITUCIONALIDAD

Ante la aprobación de la controvertida enmienda, el Gobierno hizo reserva de constitucionalidad y apuntó que una propuesta de estas características es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, opinó que "el proyecto de RUF ha sido muy complejo de tramitar en la Cámara de Diputados y en los últimos días se han despejado la mayoría de los puntos: en algunos, el Ejecutivo no está conforme, pero queda tramitación por delante todavía".

"El debate que decidió que los tribunales militares no analicen casos en que hay civiles involucrados no se dio hace mucho tiempo en el país y se fue por un camino. Ahora, si hay un grupo parlamentario que quiere reabrir ese debate es totalmente legítimo, pero nos parece que este proyecto no es la instancia para ello, por las ideas matrices que tiene, que van en otra dirección, y por qué ese tipo de materia se refiere a funciones de los órganos del Estado que son privativas del Ejecutivo en su iniciativa", expuso.

A partir de las 16:00 horas de este viernes, la Sala de la Cámara Baja comenzará a revisar el proyecto.