Los diputados y senadores que van a la reelección en noviembre próximo recibieron indicaciones desde el Congreso para prohibir el gasto de las asignaciones en situaciones que están fuera de su labor parlamentaria.

A partir del 1 de septiembre y hasta el 30 de noviembre, los parlamentarios que postularán a la reelección tienen prohibido realizar actividades territoriales en sus sedes parlamentarias distritales ni del Congreso, como tampoco financiar la colación ni traslado de los asistentes o arrendar nuevas oficinas con recursos estatales.

"No pueden facilitar, bajo cualquier modalidad, el uso de las oficinas parlamentarias a candidatos a cualquier elección popular, partidos y movimientos políticos", indica el reglamento.

Además, se prohíben acciones y gastos de difusión, como el diseño, imprenta, fotografía, grabación y filmación, contratación de espacios en radioemisoras o canales de televisión, contratación de espacios en revistas o diarios locales; compra de libros, revistas y publicaciones, incluidos los electrónicos, como tampoco financiar saludos y avisos en diarios y radios locales o nacionales con motivo de Navidad, Fiestas Patrias, Día de la Madre u otra festividad, ni envío de tarjetas o impresiones o estampados de vestimenta, accesorios, entre otros.

Respecto a la movilización, los parlamentarios sólo podrán gastar en pasajes a los territorios que representan actualmente y se cancela el pasaje mensual que tienen para realizar vuelos a cualquier punto del territorio nacional durante el periodo de campaña. 

En esta misma línea pero en la movilización terrestre, el Congreso sólo financiará gastos en combustible por un monto equivalente al promedio gastado en mismo período en 2019 y, además, se prohíbe el arriendo de vehículos para quienes estén en campaña.

Esta es la primera vez que se pondrá en marcha el reglamento que pone límites y prohibiciones a los gastos que cubre el Congreso a través de asignaciones -16 millones por senador y 11 millones por diputado- y se regulará el uso de los recursos sólo para el cumplimiento de su función, según lo establecido por una resolución emitida por el Consejo de Asignaciones Parlamentarias.