El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó medidas cautelares sobre los bienes de cuatro imputados en la "Arista Lencería" del caso convenios a fin de garantizar la reparación del daño patrimonial causado al erario fiscal, estimado en 250 millones de pesos.

La Justicia acogió dicha petición, por lo que, sin previo conocimiento de los afectados y tampoco de la realización de la audiencia, el documento indica que "se dicta la medida cautelar real de la prohibición de la celebración de actos y contratos respecto a los bienes inmuebles y muebles singularizados" de los imputados.

Los acusados que deberán someterse a dicha medida cautelar corresponden a a Rodrigo Martínez (exadministrador regional); Simón Acuña (exjefe de División del Gobierno Regional del Biobío); Eduardo Quezada (dueño de una consultora que "prestó servicios" a la fundación En Ti) y a Diego Polanco (hermano de Sebastián Polanco, coordinador del proyecto investigado).

De esta manera, los acusados no podrán vender sus casas ni tampoco sus vehículos tras la solicitud del CDE.