El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, afirmó la necesidad de modificar "en serio" la institucionalidad y el modelo de gobierno de los municipios, para evitar que los escándalos de corrupción que involucran a alcaldes se sigan sucediendo.

El académico, Doctor en Gobierno y Administración Pública, sostuvo las normativas vigentes sobre integridad y probidad municipal "son un fracaso desde el punto de vista de política, en parte es que su propio diseño ayuda muy poco a gestionar primero los canales de denuncia a propósito de problemas específicos dentro del municipio".

La "frondosa" legislación actual establece que todas las instituciones públicas, y en particular los gobiernos locales, deben tener un Código de Ética, pero apenas 65 (el 19% de los 345 municipios del país) cuentan con uno. "Y la mayoría de ellos no funciona como comités de Ética, es decir, que asuman casos y problemas derivados por los propios funcionarios o personas que están fuera de la administración del municipio (...) Fracasan porque, en muchos casos, cuando se toma la decisión de un sumario, lo hace un compañero de quien está siendo sumariado. ¿Cuál es el nivel de independencia?", expuso.

Remarcó que "hoy para los chilenos la corrupción es la quinta mayor preocupación, y los municipios, en la lógica de ser la principal ventanilla de atención del Estado, deben dar cuenta de lo que hacen y tener un comportamiento esperable por los ciudadanos". De hecho, detalló que "entre el 2009 y 2023 hubo más de 200 querellas presentadas por el CDE en el 40% de los municipios del país; y la Contraloría, entre 2014 y 2023, identificó a 176 alcaldes o exalcaldes que tenían responsabilidad administrativa y se les aplicaron sumarios".

Asimismo, Navarrete alertó que, en la Asamblea Nacional de Alcaldes y Alcaldesas del último viernes, "la contralora (subrogante, Dorothy Pérez) les dijo a todos los alcaldes: las auditorías no alcanzan el 3% ó 4% en términos de capacidad de prevenir o manejar temas de corrupción, pero las denuncias llegan al 44%".

COMPLICANCE Y SEPRARACIÓN DE LA "DOBLE FUNCIÓN" DEL ALCALDE

Por ello, sobre cómo abordar la crisis de confianza y corrupción que se cierne sobre las gobiernos comunales, el presidente del CPLT propuso "pensarlo de otra manera, en lo que se llama el compliance público, que significa cumplimiento normativo: el compliance tiene una fórmula que es muy importante, que tiene un oficial de cumplimiento, el cual el alcalde y el Concejo deben reconocer en esa función y que canaliza todas las denuncias".

Además, enfatizó que "hay que cambiar el modelo de gobierno local".

"No puede ser que los alcaldes tengan la doble función de representar políticamente a la comunidad y dirigir administrativamente el municipio. Como ocurre en otros países, se separa la función de quien administra, puede ser administrador municipal, que puede ser electo o seleccionado por Alta Dirección Pública, pero blindado respecto de la capacidad en que puede tener el alcalde de influir en sus decisiones administrativas", explicó.

"El paso central hoy es ir por un modelo que nos permita un mejor control de la autoridad", remarcó, puesto que "la percepción de corrupción está generando desconfianza y deslegitimación en la principal institución del Estado".

"Tenemos que preocuparnos más allá de la realidad de los alcaldes, más allá de la política en sí misma, de cuidar una institucionalidad que es relevante (...) O nos tomamos en serio que hay que cambiar la institucionalidad de los municipios, o vamos a seguir con escándalo tras escándalo", sentenció.