Tal y como lo había adelantado el ministro de Economía Lucas Palacios, finalmente el Gobierno presentó este jueves el veto sustitutivo para reemplazar el polémico artículo de la recientemente despachada ley Proconsumidor que prohíbe entregar descuentos exclusivos asociados a ciertas tarjetas de pago.

"El proveedor de productos o servicios financieros no podrá restringir o condicionar que la compra de bienes o servicios de consumo, o la aplicación de descuentos adicionales al precio de estos, se realice exclusivamente con un medio de pago administrado u operado por el mismo proveedor, por una empresa relacionada o una sociedad de apoyo al giro", dice el artículo impulsado por el diputado Karim Bianchi, y su padre el senador Carlos Bianchi, el cual fue modificado por el Ejecutivo.

A juicio del Gobierno, la iniciativa vetada presenta cuatro problemas principales. Uno, es que la prohibición perjudicaría a todos los proveedores de bienes y servicios, tales como retail, restaurantes, aerolíneas, bancos, aseguradoras, entre otros, y afectaría a "casi todos los medios de pago electrónicos utilizados por cualquier comercio, tanto tarjetas de débito como de crédito o de prepago".

Un segundo argumento esgrimido por el Ejecutivo es que con esto "podría existir un impacto a la libre competencia", resaltando que una de las principales maneras de competir para los representantes del retail se basa en otorgar descuentos asociados a comercios o industrias particulares por el uso de sus tarjetas emitidas. En ese sentido, el documento subrayó que tanto la Fiscalía Nacional Económica (FNE) como el Sernac manifestaron que el ofrecimiento de descuentos asociados a tarjetas de pago "constituye un mecanismo legítimo para captar y fidelizar clientes (...).

Si bien una venta con descuenta implica un menor margen para el proveedor de dicha transacción en particular, puede aumentar la mesa de clientes". También, resaltó que la FNE sostuvo no contar con antecedentes que den cuenta de práctica de precios "predatorios" en el mercado, es decir, que no hay evidencia de una estrategia anticompetitiva de establecer precios a bajo costo por un periodo de corto plazo con el fin de eliminar competencia. En tercer lugar, y en razón de los argumentos anteriores, el veto indicó que los perjudicados con esta normativa serán "los consumidores, quienes enfrentarán menos ofertas y peores condiciones a la hora de comprar bienes o servicios con tarjetas de pago.

En ese sentido, parte importante de los descuentos que observamos al día de hoy se verían prohibidos y disminuirían considerablemente, tanto en cantidad como en monto". "La prohibición de estos descuentos no son sobre bienes de lujo, sino que afectarían directamente la posibilidad de que gran parte de los chilenos pueda adquirir bienes que son de primera necesidad a mejores precios", añadió, sumado a que "pondría en riesgo el acceso al financiamiento formal que han tenido sectores más vulnerables, exponiéndolos a recurrir a mecanismos informales".

Por último, el cuarto punto expuesto por el Gobierno dice relación con que esta prohibición "afecta gravemente a la reactivación, sobre todo teniendo en cuenta el periodo actual de crisis causada por el covid-19", añadiendo que "las estrategias comerciales de atracción de clientes, tales como las ofertas asociadas a medios de pago específicos, resultan esenciales a la hora de reactivar la economía y recuperar las ventas".

Dicho eso, el Ejecutivo realizó "algunas mejoras" al artículo, para efectos de "precaver que los descuentos asociados a medios de pago puedan provocar algún efecto negativo en los consumidores". "Se establece que estos descuentos nunca pueden ser considerados a la celebración de una operación de crédito de dinero.

Además, en los casos en que los proveedores ofrezcan descuentos asociados exclusivamente al medio de pago y el consumidor opte libremente por una alternativa crediticia en más de una cuota, el proveedor deberá informarle previamente el costo total del crédito". Desde la industria, Claudio Ortiz, vicepresidente ejecutivo de Retail Financiero, comentó que "valoramos la decisión del Gobierno de corregir una mala política pública". "Esperamos que la Cámara y el Senado ratifique el texto enviado al Congreso por el bien de los consumidores y el desarrollo de los medios de pago en Chile", concluyó.