Un total de 34 episodios críticos de la calidad del aire se registraron el año pasado en el Concepción Metropolitano, mientras que en Los Ángeles se constataron 47 sucesos ambientales del mismo tipo.

Dicho panorama, no sólo evidencia una baja en la calidad del aire, sino que también el aumento de riesgo para las personas, lo que hace necesario continuar con los Planes de Descontaminación Ambiental, que permiten advertir a la población sobre las condiciones ambientales, fiscalizar y sancionar a viviendas, panaderías y empresas que emitan gases visibles.

En ese contexto, el seremi de Medio Ambiente, Pablo Pinto, detalló que la Gestión de Episodios Críticos (GEC), corresponde a una de las medidas establecidas en el Plan de Descontaminación Ambiental, instrumento que comenzará a regir el 1 de abril y que se extenderá hasta fines de septiembre.

La autoridad aseveró que el trabajo realizado con dichos planes ha logrado reducir en los últimos años los episodios de emergencia y preemergencia, además, de concientizar a la población, por ejemplo, en lo nocivo que es la utilización de leña húmeda y, en la disminución de gases de efecto invernadero y de material particulado que emiten las industrias.

Ahora bien, a pesar del avance que se ha logrado con los Planes de Descontaminación Ambiental, el seremi adelantó que este año se realizará una evaluación de dichos instrumentos “partiendo por el de Los Ángeles que se va a iniciar ahora (abril). Estamos en un proceso de conformación de los comités para poder realizar los estudios y la evaluación que implica el reconocimiento de los años en que han habido planes y hacerlos más individualizados”.

En tanto, para el Concepción Metropolitano, que integra a Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, Hualqui, Chiguayante, Concepción, Penco, Tomé, Hualpén y Talcahuano, se tiene previsto que el análisis comience a fin de año.

“Cada 5 años se van a ir revisando (los planes) para ver el aporte en el ámbito domiciliario, transporte o industrias. Por ejemplo en Los Ángeles la emisión de material particulado es, principalmente, domiciliario y en el área Metropolitana de Concepción cerca del 35% fue determinado como aporte industria, poco más del 60% domiciliaria y un porcentaje menor de transporte y otras actividades”.

El titular de la cartera de Medio Ambiente aseveró que la evaluación de los planes debería tomar entre 8 meses a un año, tiempo durante el cual continuarán vigentes los programas existentes para asegurar la calidad del aire y la salud de la población.

La continuidad de los Planes de Descontaminación Ambiental es muy necesaria, dijo Pinto, pues para este año se “prevé la presencia del fenómeno de Niña que trae menor lluvia y una disminución en las temperaturas. Esto podría impulsar a un mayor impacto en la calidad del aire (…) Hay probabilidades que sea más frío y eso llevaría a un mayor uso de combustión domiciliaria”.

Sin embargo, según dijo, han realizado un trabajo fuerte en educación ambiental, el buen uso de la calefacción y cuentan con programas de certificación de leña. “Nos estamos preparando para poder enfrentar esa situación”.

El seremi realizó un llamado a la población para que utilicen leña seca, idealmente, certificada, mantengan los calefactores con las mantenciones al día y, en el caso de quienes usan estufas a pellet, que dicha revisión sea realizada por personal certificado. Todo ello unido a estar informado, ya sea a través de la prensa o redes sociales de la Seremi que advierten sobre la calidad del aire y los estados de alertas, preemergencia o emergencias.

Inspección de viviendas y panaderías

La Seremi de Salud dio a conocer que el año pasado se registraron 81 eventos calificados como críticos, de ellos 34 en el Concepción Metropolitano, comprendiendo la vigilancia de 39 mil 606 viviendas, de las que 151 fueron fiscalizadas y un total de 12 culminaron en sumarios.

En tanto, en Los Ángeles hubo 47 eventos críticos, que implicaron la vigilancia de 32 mil 525 viviendas, 974 de ellas fueron controladas, proceso que derivó en 98 sumarios. También en dicha zona hubo 109 fiscalizaciones a panaderías que concluyeron sólo con un sumario.

Ernesto Bravo, coordinador regional de la Unidad de Saneamiento Ambiental de la Seremi, explicó que las atribuciones del organismo consideran inspeccionar condiciones como el uso de artefactos a leña durante el Episodio de Gestión de Episodios Críticos (GEC), además de controlar emisiones en viviendas y panaderías, dado el impacto que las emisiones contaminantes tienen en la salud de la población.

Explicó que cada vez que se declara alerta, preemergencia o emergencia, los equipos de la autoridad sanitaria realizan patrullajes por los distintos sectores afectos a las restricción de humos visibles y, que en caso de detectarse emisiones de este tipo durante los horarios y días de restricción, se levanta un acta a la vivienda, dando inicio a un sumario sanitario por incumplimiento de las medidas del plan.

“En dichos controles los equipos realizan educación sanitaria a la población, recomiendan mejoras en la operación de los artefactos a leña, madera seca, además de la correcta operación de la misma para evitar emisiones visibles que puedan afectar a la población”.

Fiscalización a empresas

Respecto a la fiscalización de los Planes de Descontaminación Atmosférica vigentes en la Región, la Superintendencia de Medio Ambiente detalló que el año pasado realizaron 11 fiscalizaciones ambientales durante episodios críticos en Los Ángeles y 21 en el Concepción Metropolitano, cinco de cada uno fueron derivados a nivel central para su análisis.
De los 10 derivados , según detalló Juan Pablo Granzow, jefe de la oficina regional de la Superintendencia de Medio Ambiente de Biobío, la entidad inició en diciembre del año pasado un proceso sancionatorio en contra de la empresa Tulsa, firma a la se le imputaron 5 infracciones, entre las que se constató que la compañía no había presentado los reportes trimestrales del monitoreo de las emisiones desde 2020 a 2022, infracción calificada como gravísima por la SMA..

En tanto, según detalló Granzow, Tulsa presentó en enero de este año un programa de cumplimiento (PDC), con el que busca retornar a la ejecución correcta de la normativa infringida, así como hacerse cargo de los efectos ambientales provocados.

Dicho PDC se encuentra en etapa de análisis previo a su aprobación o rechazo, y la conclusión de la investigación, según dijo Granzow, se dará a conocer oportunamente a las partes interesadas.

Cabe destacar que, de ser desfavorable el fallo, la empresa arriesga desde la clausura de sus instalaciones (ubicadas en Colcura), hasta una multa de más de 10 mil UTM por todos sus incumplimientos.

Por último, los 9 procesos restantes están siendo analizados por el equipo legal de la SMA, que determinará si hay o no hallazgos ambientales en la operatividad de estos proyectos durante la vigencia del GEC 2023, lo que podría llevar a una eventual formulación de cargos.

El jefe regional de la SMA señaló que las conclusiones se darán a conocer oportunamente a las partes interesadas, y que dichos informes serán publicados en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental una vez finalizada cada investigación.