Por Marcelo Vega Montenegro

El proyecto, que busca legislar los cobros realizados con la Unidad de Fomento, ha generado debate producto de las complicaciones técnicas y las posibles consecuencias económicas.

Los diputados Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri (PS) volvieron a impulsar la iniciativa que busca eliminar los cobros por Unidad de Fomento (UF), proyecto que ambos presentaron el año pasado, con el objetivo de que esta propuesta sea discutida en la Cámara de Diputadas y Diputados.

“O se deja de cobrar a la gente en UF o se le paga el sueldo en UF”, dice el video con el que ambos parlamentarios se hicieron virales en redes sociales, promocionando el proyecto que actualmente se encuentra alojado en la Comisión de Economía de la Cámara, sin movimientos hasta el día de hoy.

En registro audiovisual, los parlamentarios aseguraron que no buscan eliminar las UF como tal, sino que su objetivo es prohibir los cobros para distintas materias. Tales como dividendos, salud, arriendo y educación. Medida que ha suscitado diversas reacciones en el ámbito político, en donde mayormente prima la cautela y el rechazo frente a la polémica medida.

Reacciones parlamentarias

Para la diputada local María Candelaria Acevedo (PC) “hay espacios donde el cobro en UF es totalmente injustificado, particularmente en colegios y universidades, donde el cobro en UF es un síntoma más de la decadencia de la educación, la que hoy solo se ve como un producto, perdiendo totalmente el rol social que deben cumplir estos establecimientos”.

Sin embargo, hizo un llamado a la prudencia al considerar las posibles consecuencias que podría conllevar la aprobación de esta iniciativa. “Hay que ver los pros y los contras, ya que diversos analistas han planteado que eliminar la UF generaría un efecto contrario al que se plantea, produciendo un aumento en la especulación en algunos sectores como los bancos y específicamente a los créditos hipotecarios”, comentó.

“En definitiva, se debe revisar en detalle la iniciativa, y quizá establecer un mecanismo que delimite el cobro de UF a ciertos espacios y que no quede al libre albedrío”, concluyó.

Dentro de la misma línea, Félix González (PEV) se mostró receptivo frente a la idea de legislar sobre el cobro en UF, aunque advirtió que el proyecto debe tener en consideración la reacción de las instituciones financieras frente esta medida.

“Estoy de acuerdo con restringir el cobro para créditos o contratos de corto plazo, colegiaturas, arriendos e incluso créditos de consumo. Sin embargo, cuando se trata de créditos de largo es evidente que es necesario resguardar la inflación y es preferible que sea a través de las UF o la UTM, porque estos consideran el IPC real”, señaló.

“Si los créditos hipotecarios fueran en pesos, los bancos tomarían resguardos y estos serían en desmedro de quienes busquen adquirir una vivienda. Le he expresado a una de las autoras del proyecto que esta se restrinja a los contratos de corto plazo, en donde evidentemente las personas van a verse más protegidas si el cobro es en pesos”, comentó.

De manera completamente opuesta se expresó la diputada Marlene Pérez (Ind-UDI), quien manifestó su completo rechazo a la idea de legislar sobre esta materia. “Entendemos lo complicada que están las personas para sostener a sus familias, sobre todo con una economía estancada y con un mercado laboral muy debilitado, pero no le vamos a mentir a la ciudadanía con medidas que no tienen ningún respaldo técnico”, aseguró.

“Este proyecto lo presentaron el año pasado y no prosperó, se rechazó el proyecto de manera transversal. Hay que apuntar a tener una inflación baja y estable, el camino no debe estar por proponer medidas populistas y propias de modelos que han fracasado en el resto de América Latina”, sentenció.

¿Qué son las UF y para qué sirven?

Según el Banco Central, la UF es un índice de reajustabilidad, calculado y autorizado por esta misma entidad para las operaciones de crédito de dinero en moneda nacional que efectúen las empresas bancarias y las cooperativas de ahorro y crédito.

El valor de la UF se reajusta a partir del día diez de cada mes y hasta el día nueve del mes siguiente, en forma diaria, de acuerdo a la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que determina el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Índice que aumenta de valor exponencialmente en períodos inflacionarios.

“Cuando estamos en presencia de inflación, el valor de los bienes y el valor del dinero va cambiando a lo largo del tiempo. Las UF buscan corregir los contratos de largo plazo cuando hay pérdida de valor de dinero tiempo después de realizar la firma”, señaló Claudio Parez, economista y académico de UdeC.

El alza generalizada de los precios hace que el dinero pierda su capacidad de compra, por lo que el monto inicial que se acordó en un contrato puede que se encuentre totalmente desvirtuado al momento en que efectivamente se realice el pago.

“En términos simples, si yo te presto $100 para que te compres un chocolate y después me devuelves ese monto luego de un proceso inflacionario en el que subieron los precios, entonces yo perdí dinero porque ahora esa cantidad devuelta ya no me sirve para comprarme otro chocolate. Solo que no hablamos de dulces, sino de bienes de mucho más valor”, explicó el economista.

“Entonces uno podría decir ‘cobremos una tasa de interés’, el problema de eso es que también debería incorporar el valor de la inflación y si nos equivocamos en la proyección de inflación, entonces va a ver parte de la transacción que va a ser involuntaria”, agregó.

Es decir, los contratos podrían calcular una inflación mayor o menor a la que realmente terminó ocurriendo. Por lo que de todas formas, una de las 2 partes que firmó el contrato estaría perdiendo dinero.

“Es importante resguardar esos contratos tomando en cuenta la inflación, y como no se puede predecir la inflación con exactitud, es mejor corregir los contratos de manera automática, cómo sucede con el caso de las UF”, afirmó el especialista.