Tras la salida de Jorge Bermúdez, quien dejó el cargo tras ocho años, Dorothy Pérez Gutiérrez asumió este lunes, en calidad de subrogante, como contralora general de la República (CGR).

Esto, hasta que el Gobierno proponga un nombre que deberá ser aprobado por el Senado para ocupar el cargo de manera definitiva, lo que podría tardar semanas o meses, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Durante el tiempo que ocupe el cargo, Pérez -quien ejercía como subcontralora- tendrá el desafío de concluir algunas auditorías importantes como las vinculadas al "caso convenios" y avanzar en diversas causas relacionadas con municipios.

En 2018 se conoció una abierta pugna entre Pérez y Bermúdez, quien intentó removerla de su cargo, lo que finalmente fue descartado por un fallo de la Corte Suprema, que ordenó la restitución en su puesto.

CAMBIOS INMEDIATOS

Si bien la subrogancia será transitoria, mientras se aclara la discusión sobre la nominación del futuro contralor, los efectos de su asunción ya empiezan a notarse.

Según dio a conocer La Tercera PM, su primera medida fue pedir la renuncia del jefe de gabinete, Tomás Mackenney.

Asimismo, dictó dos resoluciones en las que reestructuró por completo el funcionamiento de la Contraloría.

Una de las directrices cuestiona la gran cantidad de funcionarios que existían bajo la administración Bermúdez en la jefatura de gabinete, por lo que decidió pasar de nueve unidades a sólo tres y para ello argumentó el buen control de los recursos públicos.

"Del análisis organizacional efectuado, se advierte que el Gabinete y la Secretaría General, para las labores de apoyo o soporte que realizan cuentan con una dotación de 363 personas con 42 jefaturas, en tanto que existen Unidades Jurídicas Regionales que solo cuentan con 2 ó 3 abogadas y abogados cada una, para atender todas las consultas legales de los servicios públicos y de la ciudadanía, en sus respectivas regiones. Asimismo, existen Unidades de Control Externo a nivel regional, que solo cuentan con 8 fiscalizadores, para examinar y controlar todas las entidades y recursos públicos en sus respectivas regiones", dice la resolución.

Asimismo, Pérez deslizó una crítica a cómo se utilizó el personal de Bermúdez: "El Gabinete de la Contraloría General fue creado para desarrollar labores de apoyo a la jefatura de servicio.

Sin embargo, pese a que sus tareas son principalmente de soporte y no sustantivas de línea, en la actualidad, luego de las diversas adecuaciones que le han sido realizadas (...) ha llegado a contar con una dotación funcionarial de 133 personas, que representan un 6,09 % de la dotación total de la institución, por lo que dicho equipo se advierte sobredimensionado, tanto en su estructura como en su composición, pues además cuenta con 9 unidades y 10 jefaturas, como se aprecia en su organigrama".

Esta resolución provocó la salida de seis unidades de gabinete, cuyo personal se irá a labores en regiones o a la nueva división creada esta mañana: División de Gobiernos Regionales y Municipalidades.

DIVISIÓN DE GOBIERNOS REGIONALES Y MUNICIPALIDADES

En el documento firmado por la contralora se indica que la finalidad de la nueva División de Gobiernos Regionales y Municipalidades será "fiscalizar y velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico, el respeto del principio de probidad administrativa y el resguardo del patrimonio público, por parte de los Gobiernos Regionales y de la Administración Municipal, como asimismo de las entidades privadas que administren fondos públicos y cumplen finalidades en dichos ámbitos y respecto de las cuales la Constitución o las leyes otorguen competencias a la Contraloría General de la República".

Entre sus funciones de la nueva unidad se encuentra "establecer las directrices o lineamientos generales que orienten el ejercicio de las funciones jurídicas y de auditoría e inspección de la Contraloría General, especificamente en lo que concierne al ámbito de competencias de gobiernos regionales y municipios, que serán de observancia obligatoria por las Contralorías Regionales". 

Además, deberá "detectar, informar y alertar a la jefatura de servicio, acerca de riesgos transversales que existan tanto en la normativa, como en las políticas, planes, programas u operaciones propias del ámbito municipal o de los gobiernos regionales y proponer controles y mejoras, para la emisión de instrucciones o, en su caso, su incorporación en el informe de cuenta pública, al tenor de lo previsto en el articulo 143, letra c), de la ley N° 10.336". 

También tendrá que "efectuar el estudio de la constitucionalidad y legalidad de los decretos supremos y resoluciones emanados de autoridades administrativas, en cuanto incidan directamente en las competencias, funciones y atribuciones de los municipios". 

De igual manera, la división deberá "proponer a la jefatura superior de la Contraloría General, los proyectos de dictamenes relativos a materias propias de la legislación municipal y de los gobiernos regionales, teniendo especialmente presente el cumplimiento de los plazos legales para ello. Asimismo, proponer la emisión de instrucciones sobre la aplicación de las normas que rigen a los gobiernos regionales y el ámbito municipal", entre otras funciones.