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Crónica
09/12/2023
El Ejecutivo, y en vista de todo lo acontecido durante este año en materia de corrupción o acciones cuestionables de autoridades públicas, presentó la Estrategia Nacional de Integridad Pública (Enip) que comprende más de 200 iniciativas para evitar la corrupción en organismos estatales. Dentro de ellas, incluyó la iniciativa que presentaron una serie de congresistas y que se enfoca en la probidad en los municipios.
El proyecto de ley denominado “Integridad Municipal”, comprende dos puntos claves. El primero, es que se buscará ejercer un mayor control a las corporaciones municipales en el sistema de monitoreo y gestión de cada municipio. El segundo, prohibir que los alcaldes y alcaldesas nombre a familiares directos (ya sea del jefe comunal o de concejales) en cargos de exclusiva confianza.
Como bien se explicó, la iniciativa parlamentaria que busca mayor integridad municipal apunta a un mayor control a las corporaciones municipales -esto en base a una recomendación de la Comisión de Probidad (o Jaraquemada)-, como también señala que, de aprobarse, se deberá realizar una auditoría externa a dichas organizaciones de derecho privado y sin fines de lucro, siempre y cuando reciban aportes públicos sobre las 10 mil UTM ($642.160 millones a diciembre de 2023) mensuales.
A esto, se sumará que se pretende impedir que alcaldesas y alcaldes nombren a hijos, padres, cónyuges, convivientes civiles o parientes (sean del alcalde o concejales) en cargos de exclusiva confianza.
Por ejemplo, en la Municipalidad de Concepción, de aprobarse la iniciativa que está con urgencia simple en la Cámara Baja, se potenciaría la fiscalización a la Corporación Social y Cultural de Concepción (Semco), la cual a está a cargo del Cementerio General, la Biblioteca Municipal, la Galería de la Historia, el Archivo Histórico y el Hogar Protegido de Nonguén.
En ese sentido, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortíz, y también presidente de la Asociación de Municipalidades del Biobío, señaló que “bajo nuestra administración la gestión de la Corporación ha sido totalmente transparente, se ha destacado por poner en valor el patrimonio diverso de nuestra ciudad y ha limpiado completamente las malas prácticas que hubo anteriormente”.
Lo que complementó mencionando que como municipio penquista, tienen constituido un Comité de Probidad, el que, según dijo el alcalde Ortiz, realiza capacitaciones a los funcionarios “y el próximo año reforzará esas acciones”.
De todas formas, recalcó que “sobre nueva normativa, creo que todo lo que fortalezca las buenas prácticas y enfatice la transparencia y probidad en la administración pública, es bienvenido si se trata de reestablecer la confianza de la ciudadanía”.
Por su parte, el alcalde de Chiguayante y también secretario de la Asociación de Municipalidades del Biobío, José Antonio Rivas, indicó que “nos parece bien que se aumenten los controles bajo una ley que resguarde la ‘integridad municipal’, y sin bien en Chiguayante no contamos con corporaciones municipales, en la región si existen varios municipios que trabajan bajo esta figura”.
Señaló también Rivas que, a nivel nacional, han existido varios casos de no solo mal uso de los recursos públicos, sino también casos de conflicto de interés, dobles contrataciones y convenios irregulares, “por lo mismo, esta ley vendría a evitar que actos, que por mucho tiempo se realizaron sin supervisión, puedan ser controlados”.
Asimismo, señaló que “en el caso de Chiguayante, nosotros ya contamos con medidas propias que resguardan la integridad municipal. Estas fueron trabajadas en conjunto con la Contraloría General de la República, y decretada por nuestra municipalidad”.
El 4 de diciembre, el Ejecutivo presentó, finalmente, una batería de medidas que venía anunciando hace algún tiempo en relación al combate de la corrupción: la Estrategia Nacional de Integridad Pública (Enip).
En ella, además de incluirse el proyecto de ley mencionado en párrafos anteriores, cuenta con más de 200 medidas “concretas para mejorar los estándares de integridad y prevenir la corrupción”, apuntan desde La Moneda.
Sobre “Medidas anticorrupción en la función pública”, la Enip contiene 70 medidas orientadas a combatir la corrupción en la función pública. Por ejemplo, se encuentra la iniciativa anteriormente mencionada, como también la que busca la prevención de conflictos de interés la que busca regular el tránsito de trabajadores entre el mundo privado y el público (y viceversa), restringir la contratación de parientes en altas autoridades y la inhabilidad de ejercer por 10 años cargos públicos o de elección popular para quienes hayan cometido delitos de corrupción.
La Enip, además, considera 40 medidas para proteger los recursos públicos, y entre ellas se encuentran la recientemente promulgada Ley de Compras Públicas que, dentro de sus medidas legislativas, incluye un sistema de detección de conflictos de interés y monitoreo de tratos directos.
También se incluye la “regulación de transferencias estatales a instituciones”, lo cual comprende a un proyecto de ley General de Transferencias que regularía de forma permanente las transferencias estatales a instituciones privadas sin fines de lucro (organizaciones, fundaciones, etc).
Además, la Enip también incluye dentro de sus puntos fuertes medidas para combatir la corrupción en la política. Algunas de dichas iniciativas corresponden a impedir la postulación a cargos públicos a condenados por corrupción, como también de ocupar puestos de dirigencias en partidos.
También se contempla la regulación del gasto electoral: reducir los topes de gasto electoral y los límites de aportes de personas, limitar contratación de personal en un municipio durante período electoral y obligación de establecer tarifas de publicidad en redes y portales web.
Dentro de las últimas medidas destacadas por el Ejecutivo en la Enip, nos encontramos con el objetivo de crear un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas para combatir, en palabras del Gobierno: la evasión fiscal, crimen organizado, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, atentados contra la libre competencia y conflictos de interés.
