El escenario de nueva criminalidad en Chile ha instalado un desafío para el Estado y sus organismos competentes. Estas últimas semanas, frases como "modernizar", o "crear" nuevos equipos de trabajo, se han convertido en parte del discurso obligado de las autoridades. Y es que el fenómeno avanza y evoluciona con velocidad, y la misma premura es la que se necesita para intentar "ir un paso adelante".

Uno de los servicios que resulta clave, aunque muchas veces poco visto en medio de todos los procesos asociados a las muertes que dejan los crímenes, es el del Servicio Médico Legal (SML); el que trabaja de manera mancomunada con la Fiscalía, entidad que también ha incrementado sus capacidades en línea con la llamada crisis de seguridad.

Así las cosas, desde el SML, que hoy cuenta con mujeres en sus altos cargos, lideradas por la directora nacional, la doctora Marisol Prado, reconocen los desafíos por delante, y comentan que el trabajo de fortalecimiento y modernización del organismo que están impulsando -con miras a lograr una validación y certificación internacional-, ayudará en enfrentar de mejor forma esta realidad que obliga a realizar peritajes de mayor complejidad.

De hecho, ya han notado diferencias relevantes: Sólo en Santiago, mueren en promedio 15 personas al día, pero en los últimos años, las causas de esos decesos han ido pasando de accidentes o enfermedades, a personas que fueron fueron víctimas o participaron de algún delito violento. Si hasta hace una década, el 40% de los fallecidos morían por enfermedad y el 60% por muertes violentas, pero en su mayoría accidentes, y un pequeño porcentaje por arma de fuego.

Este último escenario hoy muestra un cambio en su proporción: hay muchas más muertes por armas de fuego. Esto, por cierto, presenta variaciones según la incidencia del porte de estas armas, según cada región.

Por eso, hace algún tiempo vienen haciendo frente a la necesidad de dar un siguiente paso en materia de capacidades, tanto logísticas, como humanas y de infraestructura. Un paso importante para los planes del SML es el mayor presupuesto con el que dispondrá para 2024, el que aumentará en un 8,4% respecto a este año.

Estos recursos se utilizarán, por ejemplo en la continuidad del sistema de atención 24x7 de levantamiento de fallecidos; continuidad de turnos médicos para autopsias y sexología, y la disminución de las brechas periciales en las distintas unidades del organismo, como Tanatología, Laboratorio, Clínica, Salud Mental y Registro Nacional de ADN y Derechos Humanos.

Protocolos para homicidios y complejidad del análisis

Pese a que cerca del 98% de las tareas del SML son mas bien anónimas, en el servicio tienen claro que su labor pericial, y su efectiva aplicación, es clave para la obtención de justicia. Por eso el trabajo riguroso y capacitado en todas las regiones en que tienen presencia, es un punto de partida relevante para la directiva.

Para eso servirá la estandarización de los procesos en los 46 centros que existen en el país, de modo que una pericia que se realice, por ejemplo, en la RM, tenga los mismos estándares que una que se realice en Arica o Punta Arenas, incluyendo tiempos de respuesta. Y con esa estandarización esperan llegar a ocupar el edificio que estará ubicado en el llamado "barrio judicial" de Santiago, y que actualmente se encuentra en etapa de obras civiles y cuya entrega se proyecta para 2025.

Pero ya se han tomado acciones en materia criminal. El protocolo referido a los homicidios, por ejemplo, se está evaluando y mejorando, precisamente para poder abordar una tanatología que tiene una connotación en esta materia. A ello, se debe sumar la complejidad que presenta el proceso de registro de lesiones en personas que han muerto por múltiples balas o heridas por arma blanca, que en varias oportunidades podría requerir hasta el triple de tiempo versus otras causas de deceso. Esto, sin contar que desde el Ministerio Público pueden solicitar nuevas muestras, incluso iniciado el proceso de autopsia.

Situación de los N.N.

Otra de las áreas que cruza el tema de la nueva criminalidad en el país es la migración irregular, y cuando una persona que no porta su documentación fallece, también se dificulta el proceso de identificación y el reclamo por parte de sus familiares. En muchos casos, pueden pasar meses antes que esto ocurra. Incluso, cuando los fallecidos están asociados a muertes violentas o problemas delictuales -tanto nacionales como personas irregulares-, muchas veces ni siquiera son reclamados.

Si el fiscal a cargo del caso autoriza el procedimiento, se hace entonces una inhumación del cuerpo. Para eso, la identificación a través de ADN se ha convertido en una herramienta clave que sale de la mesa de autopsia y se concentra en estos procesos científicos externos. No obstante, estos procesos no se pueden aplicar sin que algún consanguíneo se acerque al SML.

Esto ha llevado a que la proporción de N.N. en la institución. Si en el pasado se registraban al menos 10 personas al mes que no era posible identificar, hoy eso ocurre prácticamente en una semana.