El Gobierno Regional del Biobío está en la mira de la Contraloría, nuevamente. El ente fiscalizador no sólo cuestionó al organismo por el denominado Caso Convenios, sino que también lo apuntó por las remuneraciones y viáticos entregados a consejeros regionales.

Tras una auditoría al pago de dietas, viáticos y reembolsos efectuados por los cores durante 2022, que también incluyó una revisión del cumplimiento del horario laboral de los consejeros que desempeñan funciones en otras entidades públicas, el ente fiscalizador detectó una serie de desprolijidades.

Una de ellas fue el pago de viáticos y el reembolso de gastos por un total de $2 millones por parte del Gore del Biobío, sin que se acredite la realización de actividades, sesiones o comisiones.

Las observaciones quedaron plasmadas en un informe publicado el 11 de octubre, y representan un nuevo reproche para el Gobierno Regional del Biobío, que ya es indagado por el Caso Convenios, tanto por el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la misma Contraloría.

A la vista de los resultados, el gobernador Rodrigo Díaz (independiente) aseguró que los dineros cuestionados fueron descontados de la última remuneración de los consejeros regionales mencionados en el informe, con el fin de restituirlos a los fondos del organismo regional.

“Se procedió al descuento de las dietas de consejeros regionales en la remuneración recién pasada de las cantidades que aparecían cuestionadas por el ente contralor”, precisó la autoridad regional.

Los cuestionamientos al Gobierno Regional

Una de las deficiencias que constató la Contraloría fue la inexistencia de documentación que autorice el cobro de viáticos y reembolsos a consejeros regionales.

Se advirtió, en concreto, que el Gore del Biobío pagó viáticos y reembolsó gastos en combustibles, pasajes, peajes y estacionamiento por diversas rendiciones presentadas por los consejeros regionales por un total de $2.080.749, sin que se acredite la realización de actividades, sesiones o comisiones en las que supuestamente habrían participado los cores.

Incluso, el secretario ejecutivo del Consejo Regional del Biobío reconoció a la Contraloría -según se constata en el informe- que aquellos pagos se concretaron sin que hubiese actividades aprobadas por el Consejo Regional.

“Solo debiese proceder pago por actividades debidamente mandatadas”, detalló en su respuesta, mediante un correo electrónico enviado el 30 de marzo de 2023.

Ante ese escenario, el ente fiscalizador resolvió que el Gore del Biobío deberá “acreditar documentalmente” la efectividad de las actividades o sesiones. En caso contrario, el organismo tendrá que realizar acciones para “obtener el reintegro o la restitución de las sumas involucradas” en un plazo de 60 días, lo que ya habría ocurrido, según el gobernador Díaz.

Otra de las observaciones de la Contraloría fue el pago por parte del Gore del Biobío de viáticos al 100% a consejeros regionales por pernoctar fuera de sus residencias. En dos casos, detalla el informe, se rindieron peajes por transitar en la ruta que conduce a la comuna de residencia, tanto de ida como de regreso.

Dichas situaciones, según explicó el gobernador regional a Mega Investiga, están en proceso de regularización.

Horas pagadas, pero no trabajadas

La auditoría de Contraloría también analizó el cumplimiento del horario laboral de los consejeros que desempeñan funciones en otros servicios públicos, como municipalidades o servicios de salud.

En el marco de esa revisión, el informe advirtió un incumplimiento cometido por algunos cores, que se ausentaron de sus funciones en sus respectivas entidades públicas para atender obligaciones relacionadas al Consejo Regional.

El informe de Contraloría establece que los consejeros pueden ausentarse de sus funciones como funcionarios públicos en razón de su cargo en el Core, pero con la condición de compensar el horario no trabajado en la respectiva entidad, que figura como empleadora. En caso de que eso no se concrete, corresponde un descuento en su remuneración que sea equivalente al tiempo laboral no recuperado.

Sin embargo, la auditoría constató que eso no ocurrió con seis consejeros regionales: Eduardo Borgoño, Docente de Los Ángeles; Anselmo Peña, funcionario del Daem de Lota; Rodrigo Vera y Jaime Vásquez, funcionarios del Servicio de Salud Concepción; Jacqueline Burgos, Servicio Local de Educación Pública de Andalién Sur; y Ricardo Venegas, funcionario del Departamento Provincial de Arauco del Serviu de la Región del Biobío.

El problema, según Contraloría, es que hay una inexistencia de actos administrativos que establezcan un procedimiento para que los consejeros regionales recuperen las horas de trabajo en las respectivas entidades.

Consultados por el ente fiscalizador, los servicios públicos y municipios en los que consejeros regionales se desempeñan como funcionarios indicaron que “no cuentan con un acto administrativo” que establezca un procedimiento para compensar las horas no trabajadas, en cumplimiento de las obligaciones de consejero.

Trabajando con licencia médica

Otra de las desprolijidades que constató la auditoría fue la asistencia de los consejeros Rodrigo Vera Riquelme (trabajador del Servicio de Salud de Concepción) y Jacqueline Burgos Ríos (funcionaria del Servicio Local de Educación Pública de Andalién Sur) a sesiones o comisiones del Consejo Regional, pese a que estaban con licencia médica.

En el caso del consejero Vera, según el informe, asistió de forma telemática a una sesión ordinaria realizada el 28 diciembre de 2022, a pesar de que su licencia se extendía desde el 27 de diciembre hasta el 30 del mismo mes.

La consejera Burgos, en tanto, tenía licencia desde el 7 de noviembre hasta el 27 de ese mes. Sin embargo, entre ambas fechas estuvo presente en distintas comisiones y sesiones del Consejo Regional.

Ambas asistencias, a juicio de la Contraloría, no resultaron “pertinentes”, ya que los dos consejeros regionales contaban con licencia médica.

“Esta es una materia que no teníamos cómo saberla, porque la labor de consejeros regionales no es de subordinación y dependencia, no son funcionarios del gobierno regional”, señaló el gobernador Díaz.

Pese a eso, el ente fiscalizador remitió una copia del informe a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) para que abra indagaciones sobre el uso indebido de licencias médicas.