Con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en relación a la comercialización de trigo y de avena en el marco de la Ley N°20.656 sobre Transacciones Comerciales de Productos Agropecuarios, funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Biobío se encuentran fiscalizando los poderes compradores o prestadores de servicios y los laboratorios de ensayo.

Al respecto, el Director Regional del SAG de Biobío, Roberto Ferrada, señaló que “hace once años que entró en vigencia la Ley de Transacciones Comerciales y los reglamentos específicos que están siendo exigidos a nivel nacional al día de hoy que tienen relación con el maíz, el trigo, la uva vinífera y la avena. Hoy estamos en un poder comprador en Tucapel, fiscalizando el cumplimiento de esta ley y el reglamento específico para la avena y el trigo”.

Agregó que la Ley busca transparentar las transacciones de los productos agropecuarios que se comercializan y tiene como objetivo que los productores puedan elegir donde vender su producción, conociendo de manera cabal las condiciones de pago, como por ejemplo descuentos o bonificaciones por parámetros de calidad como humedad.

La legislación vigente establece que los poderes compradores emitan una guía de recepción que incluya toda información referente a las condiciones establecidas para la comercialización, la publicación de un listado de precios de referencia, el que debe estar ubicado afuera de sus dependencias, permitiendo que los productores conozcan las condiciones comerciales ofrecidas para la compra de su producto, que las básculas de pesaje estén calibradas por un Laboratorio Calibrador autorizado por el SAG, entre otros aspectos.

“Durante la fiscalización los inspectores del SAG deben verificar los resultados de los análisis realizados en los Laboratorios de Ensayo dentro de un plazo establecido, medida que permite al agricultor solicitar el análisis de una contramuestra de su producto en caso que no esté conforme con el resultado entregado por el Laboratorio de Ensayo, enviando la muestra a un laboratorio arbitrador autorizado por SAG, cuyo resultado dirime la controversia”, dijo el directivo.

En la temporada anterior, durante el primer año del reglamento de avena se realizaron 18 fiscalizaciones, cursándose 12 infracciones, las que estaban relacionadas con errores en la publicación de precios, laboratorios de ensayo sin resolución de autorización, equipos sin calibración por parte de un laboratorio calibrador e incumplimiento del protocolo de custodia de muestras y contramuestras.

En el caso del reglamento de trigo se realizaron 25 fiscalizaciones a los poderes compradores de trigo y laboratorios de ensayos, cursándose 2 infracciones por contratos de comercialización sin firma de una de las partes y por liquidaciones de pago que no concordaban con los kilos entregados y precio de publicación al momento de la entrega del producto, situación que se subsanó con posterioridad.

En la región existen 9 agroindustriales que comercializan trigo o prestadores servicios y 4 de avena, los cuales se encuentran en la provincia de Biobío.