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26/01/2024
El fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció la apertura de una investigación de oficio por las cuestionadas pensiones de gracia, beneficios entregados por el Estado a víctimas del estallido social de 2019 y a las que la Contraloría General de la República detectó una serie de falencias.
El informe del ente reveló que 19 expedientes no presentaban antecedentes médicos, así como también 58 de los 419 beneficiados tienen antecedentes penales por condenas en delitos como estafa, tráfico de drogas, producción de material de explotación sexual de menores, abuso sexual, robo con violencia, homicidio o violencia intrafamiliar, entre otros.
El Ministerio Público indicó en la tarde de este viernes que el objetivo de la investigación es "recabar todos los antecedentes y, a partir de ello, analizar la posible comisión de delitos en la entrega de pensiones de gracia".
Así, para esta causa fue designado el recién asumido fiscal regional Metropolitana Occidente, Marcos Pastén.
A juicio del Ministerio Público, "dentro de los delitos que podrían configurarse -dependiendo si se acreditan conductas dolosas o culposas, tanto activas como omisivas, de parte de funcionarios públicos o de particulares- se encuentran las figuras previstas en los arts. 233, 234, 239 o 470 N° 8, todas del Código Penal".
"La investigación debería determinar si los funcionarios públicos efectivamente se encontraban a cargo de los pagos, si intervinieron o participaron en la asignación de los recursos, si incumplieron con sus funciones o si existieron conductas engañosas o fraudulentas para obtener los beneficios estatales, entre otras materias que deberán ser indagadas", confirmó el enter persecutor.
En primer lugar, el organismo evaluará las irregularidades dadas a conocer en el informe de Contraloría.
RN INGRESÓ DENUNCIA POR PREVARICACIÓN Y FRAUDE
Este viernes diputados de Renovación Nacional (RN) ingresaron una denuncia por presuntos delitos de prevaricación y fraude en el otorgamiento de estas pensiones de gracia.
En detalle, en el escrito -de diez carillas- señala que "venimos en formular la presente denuncia por los hechos que se detallan, los que configurarían los delitos de Prevaricación Administrativa y de Fraude al Fisco, previstos y sancionados en los artículos 228 y 239 del Código Penal, respectivamente, solicitando al Sr. Fiscal disponer el inicio de una investigación para esclarecer estos hechos y perseguir la responsabilidad penal de quienes tuvieren participación punible en ellos".
La denuncia, liderada por los diputados José Miguel Castro, Andrés Longton y Diego Schalper indica también que "todos los hitos de concesión de las pensiones de gracia a los supuestos afectados en el marco del 'estallido social' adolecen de negligencias manifiestas, potencialmente fraudulentas y que han significado el acceso a beneficios fiscales a personas que no debían ser asignatarias de estos. Esto ha supuesto un enorme detrimento del Erario Fiscal".
"En la cadena de acontecimientos que posibilitó la concesión de las pensiones intervinieron múltiples funcionarios públicos, efectuando actuaciones y dictando resoluciones o actos administrativos que adolecen de vicios ya estimados en su legalidad por la Contraloría General de la República", detalla la denuncia, según consignó La Tercera PM.
Para los parlamentarios, existe el delito de prevaricación porque el INDH confeccionó informes "abiertamente contradictorios o insuficientes"; mientras que se establece fraude porque existieron "una serie de actuaciones manifiestamente negligentes y deficitarias que permitieron el acceso a prestaciones financiadas con recursos fiscales, las que, en derecho, no debían haber sido otorgadas".
En 2022, el INDH envió un oficio al Presidente Gabriel Boric para advertir que no cuentan con las capacidades técnicas ni tampoco con la expertis para poder acreditar los daños que sufrieron las víctimas. Sin embargo, el Instituto señaló que dicho oficio nunca tuvo respuesta.
La situación también ha revivido una disputa entre este Gobierno y el anterior -del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022)- debido a que las mencionadas pensiones también tuvieron su origen en la administración pasada.
Al respecto, la ministra vocera de Palacio, Camila Vallejo (PC), señaló que "nuestro Gobierno se hizo cargo de modificar la normativa, dejando sin efecto varios casos, no sólo de nuestro Gobierno, sino que también de la administración anterior".
"Y hoy aprovecho a hacerles un llamado a los parlamentarios de la oposición, de derecha, que han querido pasar cuentas políticas a nuestro Gobierno que, por favor, dejemos de mirar la paja en el ojo ajeno de manera permanente, siendo que su propio expresidente Sebastián Piñera entregó pensiones de gracia por estallido social a personas con delitos graves", complementó Vallejo.
El informe del ente fiscalizador provocó la reacción de distintos personeros del mundo político, entre ellos, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien expresó que "la Contraloría hizo rigurosamente una definición de la situación de uno por uno, y aparecen personas que no ameritaban pensiones de gracia".
"Ahí hay a lo menos hay una imprecisión que, quién haya sido el punto exacto, debe precisar su responsabilidad", agregó.
En tanto, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara, Andrés Longton (RN), sostuvo que "la Contraloría mandó a hacer un sumario al Ministerio del Interior, y si mandó a hacer un sumario es que las cosas se hicieron mal. Y al INDH también mandó a hacer un sumario".
"Por lo tanto, yo espero que tanto la ministra del Interior, (Carolina Tohá), como el subsecretario (Manuel Monsalve), como también la directora del INDH asuman algún grado de responsabilidad si el informe es demasiado contundente", añadió el legislador.
