La ministra del Interior, Carolina Tohá, detalló en qué consiste el criterio establecido para revocar las pensiones de gracia entregadas a víctimas de vejaciones durante el estallido social, en caso de que cuenten con antecedentes penales de consideración.

Durante un punto de prensa en La Araucanía este jueves, la jefa de gabinete especificó que "se van a revocar aquellas donde no haya un daño permanente y grave" sobre el beneficiario, "y haya antecedentes penales que ameritan esta revisión".

"De hecho, la mayoría de los casos que se han conocido con antecedentes penales graves no corresponden a personas que tienen los daños más severos, como la pérdida del globo ocular. La enorme mayoría son otro tipo de daños", aseguró.

Asimismo, dijo que "el proceso por el cual se asignan las pensiones de gracia está en la ley, cualquiera lo puede ver, no es necesario polemizar. La ley dice claramente quien califica a las víctimas y quien debe otorgar las pensiones. No es necesario abrir polémica en cosas que están claras. Estas cosas se votaron en el Parlamento y se aprobaron de esta manera y la reguló en su detalle en un oficio el gobierno anterior".

Además, indicó que antes de tomar sus vacaciones, el Presidente Gabriel Boric instruyó que en el caso de "una persona con antecedentes de pornografía infantil inmediatamente se debía revocar, y no era uno de los casos con este daño permanente y grave".

En cuanto a la responsabilidad del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la entrega de tales beneficios, Tohá relevó que en su informe, "la Contraloría dijo que en 10 casos de estas carpetas que se validaron a través del procedimiento que llevaba el INDH le parecen insuficientes los antecedentes, e instruyó para que se haga un sumario en esta materia y se revisen esos 10 casos".

Por ende, refutó al INDH, que apuntó al rol de Interior en la tramitación, argumentando que "el proceso por el cual se asignan las pensiones de gracia está en la ley: cualquiera lo puede ver y no es necesario polemizar. La ley dice claramente quién califica a las víctimas y quién debe otorgar las pensiones".

"La opinión del Ejecutivo es que este procedimiento no era el correcto, que debimos haberlo regulado de otra manera en la ley, pero no fue nuestro Gobierno el que lo definió, estaba definido cuando nosotros llegamos", cerró la ministra.