Pese a que la idea de combatir la elusión y evasión tributaria para atraer mayores recursos al fisco pareciera tener un respaldo transversal, algunos de los puntos del proyecto presentado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que apunta a esa dirección dejó un sabor amargo en el paladar de la oposición, expertos y mundo empresarial.

La cartera espera recaudar 1,5% del PIB con este proyecto, un 1,2% se destinará a solventar el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), mientras que el restante 0,3% financiará un aumento respecto del nivel de gasto para la seguridad ciudadana.

Su ingreso legislativo lo realizará la próxima semana -antes del receso legislativo- para que inicie su discusión en marzo. Marcel sostuvo ayer que espera que sea aprobado en mayo de este año. Sin embargo, hay una medida en particular que genera especial debate. Se trata del plan de que la norma antielusión quede en manos del Servicio de Impuestos Internos (SII) y no en los Tribunales Tributarios.

En concreto, la propuesta de Hacienda traslada a sede administrativa la iniciativa para abrir un caso de norma antielusión y establece la obligatoriedad de que el SII consulte a una comisión técnica de siete integrantes que emita una opinión sobre esa conducta y la acción que realizará el Servicio, aunque aquello no sería vinculante.

Los críticos de la idea cuestionan que se insista con una medida que ya fue rechazada en la fallida reforma tributaria que se cayó en el Congreso en marzo del año pasado, además de señalar que esto daría un rol de "juez y parte" al SII. Desde la oposición ya han manifestado su rechazo a la propuesta, por lo que se prevé un complejo debate.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió la iniciativa y afirmó que "el SII dejó de ser juez y parte hace mucho tiempo cuando se crearon los tribunales tributarios. Y a partir de ese momento se creó una instancia a la cual un contribuyente puede reclamar y responder a los requerimientos del Servicio de Impuestos Internos". "Así que olvidémonos del tema del juez y parte", enfatizó.

Dentro de los reparos a esta idea, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI) se mostró en desacuerdo con este planteamiento.

"En el borrador de propuesta de Gobierno se echa de menos un fortalecimiento de los tribunales y el rol que en materia judicial tiene la justicia tributaria independiente. Desde el año 2010 tenemos TTA independientes y no se debe retroceder en eso, por lo que no me parece bien trasladar las calificaciones elusivas de los tribunales a sede administrativa", dijo a "El Mercurio". En esa misma línea, la diputada Sofía Cid (RN) advirtió que "entregar más herramientas y recursos al SII puede ser riesgoso y no garantiza que el sistema funcione correctamente". La parlamentaria recuerda que en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se "fortaleció la fiscalización en el SII, pero vemos que según estudios encargados por el Ministerio de Hacienda los incumplimientos llegan al 50%" en tributo corporativo. Frente a ello, Marcel indicó que cuando se creó la norma antielusión en la reforma del 2014, "se creó para que actuará solo desde el tribunal tributario".

"Y esto es una anomalía porque en el mundo, aparte de Chile, hay solo un país que tiene esa norma. Y todos los demás países que tienen normas antielusión operan en lo que se llama sede administrativa en el Servicio de Impuestos Internos.

Entonces, simplemente yo creo que es una cuestión de sentido común", agregó. Y tras dar ejemplos, emplazó: "Si hay países que son tan competitivos y con economías de mercado mucho más desarrolladas que la nuestra y que recurren a esa fórmula, ¿por qué en Chile tendríamos que ser diferentes? ¿Cuál sería la razón para hacerlo?".

En tanto, Pablo Quezada, Socio de Tax Controversy en Deloitte, planteó que algunas de las propuestas que podrían avanzar rápido en el Congreso, son; las medidas contra la informalidad, el fortalecimiento del rol de la Defensoría del Contribuyente, y la flexibilización de los requisitos para que las pymes puedan acceder a convenios de pago con la Tesorería.

Sin embargo, consideró que dentro de los puntos que podrían trabar la discusión, es "la aplicación administrativa de la NGA por parte del SII, la creación de la figura del denunciante anónimo para delitos tributarios y las modificaciones al procedimiento para el levantamiento del secreto bancario".

Reparos gremiales

Por su parte, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, también formuló algunas observaciones a la idea del Ejecutivo.

"Es importante el rol que juegan los TTA. El ministro (Marcel) plantea una cosa distinta con un ente colegiado, pero sin que sean vinculantes las decisiones que se tomen ahí. Entonces igual queda el contribuyente a merced del funcionario de impuestos internos que estime que una acción es constitutiva de elusión", dijo.

En una línea similar, en una declaración pública, desde la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) ven con preocupación, entre otros varios elementos, "el cambio de sede en la calificación de la norma general antielusiva".

"Es importante el rol que juegan los TTA. El ministro (Marcel) plantea una cosa distinta con un ente colegiado, pero sin que sean vinculantes las decisiones que se tomen ahí. Entonces igual queda el contribuyente a merced del funcionario de impuestos internos que estime que una acción es constitutiva de elusión", dijo a "El Mercurio".

En una línea similar, en una declaración pública, desde la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) ven con preocupación, entre otros varios elementos, "el cambio de sede en la calificación de la norma general antielusiva".

"El proyecto considera entregarle estas atribuciones al SII en esta materia, ampliando los espacios de discrecionalidad en materia tributaria. En esto Hacienda insiste respecto a lo rechazado por el Congreso en marzo pasado", señaló el escrito.

Mientras que la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Marías Teresa Vial advirtió que "no parece adecuado otorgar SII la facultad de calificar los actos económicos como elusivos, en lugar de los tribunales tributarios y aduaneros, dado su rol como juez y parte, lo que puede afectar los derechos de los contribuyentes".