Parlamentarios de un grupo políticamente transversal, desde el Partido Socialista hasta la Unión Demócrata Independiente (UDI), presentaron un proyecto de ley para combatir el secuestro extorsivo, con el que buscan entregar mayores facultades a la Fiscalía.

"Lo que hace este proyecto, recogiendo la experiencia italiana de los años 90, es cortar de raíz el negocio que hay detrás del secuestro extorsivo, facultando y entregando mayores atribuciones al Ministerio Público para que pueda solicitar un congelamiento transitorio de los bienes y cuentas del secuestrado y su familia", explicó el diputado Raúl Soto (PPD).

De esa manera, precisó que "la responsabilidad y la carga de negociación no queda radicada en los familiares, sino que este en la autoridad competente que lleva la investigación, que es la Fiscalía".

El parlamentario apuntó que en 2022 este tipo de delitos aumentó en un 68% y dijo haber trabajado el proyecto con el fiscal nacional, Ángel Valencia, y el director de la unidad especializada de Crimen Organizado del Ministerio Público, Ignacio Castillo: "ellos están recogiendo la experiencia y las recomendaciones de Italia en esta materia, en combate al crimen organizado y estas nuevas formas delictuales y han valorado esta iniciativa. Se han abierto a colaborar en la tramitación en la comisión para enriquecer el texto e intentar generar una ley que sea eficiente y que definitivamente nos permita controlar este aumento de secuestros en nuestro país".

"NO VA A HABER DINERO DISPONIBLE"

Por su parte, el diputado Henry Leal (UDI) apoyó la iniciativa e indicó que "para poder combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la extorsión, tenemos que tomar medidas excepcionales. Queremos terminar con ese negocio, que sepan los delincuentes del crimen organizado que si este proyecto se convierte en ley, no va a haber dinero disponible para que ellos sigan amenazando, extorsionando a los chilenos".

"Va a establecer una medida cautelar real para la víctima y su círculo cercano, para efectivamente cortar estos recursos que eventualmente podrían hacer efectivo el pago de un secuestro, eliminando la comisión de este delito de manera reiterada. Por eso, eliminar la huella del delito, hacer esa trazabilidad, negar o congelar estos fondos para que efectivamente se realice un pago de un secuestro, es una medida importante e innovadora", señaló el parlamentario Raúl Leiva (PS).

En tanto, el fiscal nacional Ángel Valencia y el ministro de Justicia, Luis Cordero, asistieron esta mañana a la Comisión de Constitución del Senado, mientras que en la Cámara de Diputadas y Diputadas llegó Carolina Tohá, líder del Interior, para seguir con la discusión de la agenda de seguridad.