La comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara aprobó y despachó a Sala el proyecto de ley que permite que los dirigentes o representantes legales de los Servicios de APR, se encuentren facultados para ausentarse de sus trabajos, cada vez que tengan que resolver una emergencia que afecte o ponga en riesgo la continuidad de este servicio sanitario.

La iniciativa, de los diputados Carolina Marzán, Víctor Pino y Francisca Bello, busca que cada vez que el representante del comité o cooperativa de Servicios de Agua Potable Rural salga de su trabajo por alguna emergencia, este tiempo se considere como trabajado para todos los efectos legales.

Para el presidente de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara, Víctor Pino, “se trata de dar señales acordes a la importancia del trabajo que realizan los dirigentes de las Cooperativas de los Servicios de APR.  

En el mundo rural, el agua es fundamental para la vida de los cultivos, los animales y el consumo humano. Por lo que cuando el suministro de este vital elemento se ve comprometido, el daño que se puede ocasionar puede incluso ser irreversible.

“En Chile, tenemos cerca de un millón 740 mil personas que obtienen su agua a través de los APR, y por eso con este proyecto queremos destacar y facilitar el trabajo que realizan estos dirigentes del mundo rural, quienes muchas veces hoy tienen problemas con sus empleadores para cumplir estas tareas tan importantes, en momentos en que se presentan incendios, cortes del suministro u otros desastres naturales. 

 Ese es el espíritu del proyecto, con el que buscamos que se faciliten todas estas tareas, sin que eso les signifique una amonestación, un descuento económico u otro tipo de sanción, por parte de su empleador”, manifestó el parlamentario de la región de Coquimbo, Víctor Pino.

El proyecto también contempla, la posibilidad que los dirigentes también puedan ausentarse de sus labores, cada vez que sean requeridos por la autoridad para participar de procesos de capacitación, congresos formativos, comisiones parlamentarias o acudir a citaciones realizadas por el Ministerio de Obras Públicas, acciones que deben ser previamente justificadas al empleador con un plazo de 48 horas.