El proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo para crear el nuevo Ministerio de Seguridad sigue a paso firme su proceso legislativo en el Congreso. Durante las últimas horas, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja continuó con la votación de normas de la iniciativa y se aprobaron varias de ellas referidas al funcionamiento que deberá tener la eventual cartera.

Dentro de dichas definiciones, se aprobó una propuesta por cuatro diputados de oposición y que apunta a que la nueva cartera tenga por mandato elaborar una Estrategia Nacional Contra el Terrorismo, con el fin de abordar el fenómeno integralmente.

Fueron los diputados Jorge Alessandri (UDI), Diego Schalper (RN), José Miguel Castro (RN) y Andrés Longton (RN) quienes propusieron la medida. Alessandri, consultado respecto al por qué de la propuesta explicó que “es necesario tener presente que en aquellas materias particularmente sensibles para el estado, como es en este minuto el combate al terrorismo, se requiere de un conjunto de políticas públicas con plazos y objetivos concretos y específicos”.

Eso, a su juicio, es lo que busca la creación de la Estrategia Nacional Contra el Terrorismo, “que el órgano especializado, con la capacidad técnica y política como lo será el ministerio de seguridad, se comprometa en acciones y objetivos concretos”.

Estrategia Nacional Contra el Terrorismo

Como se dijo, en la última sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados fueron varias las normas y propuestas aprobadas en relación a las funciones que deberá cumplir el naciente Ministerio de Seguridad. Entre ellas, se encuentra la nombrada Estrategia Nacional Contra el Terrorismo.

Consultada la diputada, Joanna Pérez (Demócratas), sobre la propuesta mencionó que “es importante poder avanzar en la materia de la Estrategia Nacional Contra el Terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia. Yo espero que este nuevo ministerio que hoy se está proponiendo, tenga la suficiente fortaleza y no sea un ministerio más”.

Pérez dijo también que debe potenciarse e incluirse la capacidad de “inteligencia, de tecnología, de los mejores hombres y mujeres para poder adelantarnos a estos hechos, para entender que esto está vinculado también no solo con nuestro país sino también en un contexto internacional y que tiene que ver con olas migratorias, con la situación de los países que están cercanos, pero donde hoy no existen fronteras para el terrorismo, para el crimen organizado”.

En esa línea, la diputada de Demócratas también reflexionó respecto a que esto no compete sólo la mirada de un ministerio, sino que conlleva una vinculación directa y óptima con las Fuerzas Armadas y “distintos estamentos que tienen que trabajar en esta área: el Ministerio Público, al Poder Judicial, Poder Legislativo y mucho más al poder Ejecutivo y su conjunto”.

Algo que también el diputado, Eric Aedo (DC), señaló. “Es absolutamente necesario que el Estado tenga una estrategia para enfrentar no solo al terrorismo sino que también al crimen organizado. (…) Pero, además, este trabajo se tiene que realizar en colaboración de las Fuerzas Armadas que pueden aportar en materia de inteligencia y es fundamental que también se sumen el Ministerio Público”.

De tal forma, en lo que coinciden tanto Pérez como Aedo es en que el terrorismo y el crimen organizado debe ser combatido mediante un trabajo coordinado entre las instituciones competentes. Pero, la también diputada, María Candelaria Acevedo (PC), deja una reflexión con miras a delimitar el trabajo y plano de acción de la estrategia contra el terrorismo.

Que se planifiquen estrategias para el combate del delito en cualquier escala, “me parece bien”, dice Acevedo, pero apunta a que “queda delimitar de forma precisa qué es lo que entendemos como terrorismo y sus implicancias, para que así la aplicación de este plan obtenga resultados respectivos”.

Resaltando el desarme de bandas dedicadas al robo de madera y violencia rural en la Macrozona Sur, Acevedo indicó que “ha sido el trabajo de inteligencia el que ha arrojado buenos resultados, por lo que me parece que esa debería ser una línea a seguir: la de potenciar los organismos de inteligencia, disponiendo allí parte de los recursos del nuevo Ministerio de Seguridad Pública”.

Otras materias

Además, existen otras normas que fueron aprobadas y que también dicen relación con las funciones que tendrá que efectuar el Ministerio de Seguridad si es que logra crearse. Entre ellas, se encuentra el velar por el resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, el orden público y la prevención del delito; promover y diseñar medidas tendientes a prevenir delitos, mediante la reducción de sus factores de riesgo de comisión y el fortalecimiento de factores protectores.

Siguiendo la ruta de lo que podría llamarse su “orgánica constitucional”, la cartera en edificación también deberá formular, diseñar y evaluar las políticas y estrategias nacionales tendientes a prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, el narcotráfico y las conductas terroristas.

A esto se le suman el diseño de políticas, planes y programas tendientes a resguardar las fronteras para evitar la comisión de delitos; diseñar políticas, planes y programas sobre ciberseguridad; y coordinar las medidas tendientes a favorecer la atención y asistencia a víctimas de delitos.

Informaciones secretas

Cabe sumar también que en la sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja donde se propuso la estrategia contra el terrorismo, también se aprobaron indicaciones del Ejecutivo, complementadas con propuestas de parlamentarios, quien fue representado en la instancia por la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Una de dichas indicaciones de La Moneda hace referencia a cómo la nueva cartera se relacionará con otras instituciones estatales. De tal modo, se aprobó que, quien llegue a ser seleccionado como ministro o ministra de Seguridad, podrá solicitar a cualquier órgano del Estado todos los antecedentes o informaciones que estime pertinentes, estén o no con carácter de secreta o reservada, en pos de la seguridad nacional.

Asimismo, los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones lleguen a tomar conocimiento de dicha información, deberán guardar secreto o reserva; respetando siempre la ley de la protección de la vida privada y datos personales.

Aunque se generaron matices y dudas respecto a esto de “solicitar información reservada”, se definió, como se dijo, que sería el secretario de Estado encargado del nuevo ministerio el único capaz de solicitar dicha información a otro estamento estatal, con el fin de exista responsabilidad clara en la jerarquía del ministerio.