Según cálculos del Ministerio de Justicia, hasta diciembre de 2023 había más de 55 mil personas bajo presidio en Chile, una cifra que excede los 50 mil internos a nivel nacional que la institución proyectaba para el cierre del año.

En detalle, en los últimos 18 meses, 4.500 personas ingresaron a las cárceles, lo que se traduce en una ocupación penitenciaria que supera el 130 por ciento, pues los recintos actuales sólo pueden recibir a 41.741 internos.

FUNCIONARIOS ACUSAN LENTO AVANCE

Si bien desde el Ministerio del Interior aseguraron que existe control en las cárceles por parte de Gendarmería, esta capacidad puede verse limitada, según los gremios de funcionarios penitenciarios, en momentos de que se han encendido las alerta sa propósito de la crisis de guerra interna en Ecuador, entre el Estado y poderosos grupos criminales que han hecho de las prisiones sus fuertes.

"No estoy diciendo que se haya dicho así, pero si simplemente te quedaras diciendo que eso no va a pasar en Chile, la declaración voluntarista de que no va a pasar, estaríamos mal", comentó el exministro del Interior Jorge Burgos (Amarillos, ex-DC).

Enfatizó la necesidad de "reforzar cosas: en el mismo tema carcelario, qué duda cabe de que nosotros tenemos un problema (desde) hace muchos años, yo no sé cómo hay un plan (...) en materia de cárcel; si estamos haciendo segregación respecto de los narcotraficantes (o no)".

En efecto, el comandante Mario Benítez, presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios (ANOP), señaló que "el movimiento de la población penal es mucho más rápido y mucho más dinámico que lo que hace el Estado. Por lo tanto, preocupa que no hay una dirección ni una planificación clara".

"Hay que iniciar (las gestiones). Hay distintos modelos, hay que ver la experiencia de otros países (...) (porque) también es una realidad que el personal de Gendarmería no ha aumentado. Tenemos el mismo personal que teníamos hace 15 años, y caramba que es bastante significativo desde una cárcel", alertó el oficial.

Por otro lado, si bien hay asociaciones que confirman la versión del Gobierno de que en el país hay control sobre los internos -a diferencia de lo que hoy ocurre en Ecuador y en otros países de Latinoamérica y el Caribe, también acusan que hay falta de recursos.

Benito Sarabia, dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), denunció que "no hay una mirada de Estado respecto a cómo queremos que este sistema funcione", considerando que, por ejemplo, "la construcción de una (nueva) cárcel demora ocho a diez años, como mínimo".

"Nos encontramos también con la dificultad en los municipios: ninguna comuna quiere tener una cárcel en su territorio. Hoy en día queremos que las autoridades y los parlamentarios entiendan que lo que está pasando en Ecuador - si no se toman medidas de refuerzo - claro que puede darse en nuestro país", advirtió.

El Ministerio del Interior dice estar revisando las estrategias y la capacidad de respuesta ante eventuales incidentes penitenciarios.

"EL CONTROL DE LAS CÁRCELES LO TIENE EL ESTADO"

Tal como han reiterado voces de Gobierno esta semana, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara (PPD), insistió en que "el control de las cárceles en Chile lo tiene el Estado y esa es una diferencia que vale la pena relevar cuando miramos la contingencia que, lamentablemente, están viviendo en distintos rincones de nuestra región".

En ese sentido, relevó la incautación de 97 kilos de droga como resultado de un operativo de la cárcel de Alto Hospicio, Región de Tarapacá.

"Esta operación nace gracias al trabajo que se hace en una cárcel y permite que alguien que conducía una organización criminal hacia afuera no solamente enfrente ahora la Justicia, nuevamente, sino que quienes componían esta organización. Esos son los resultados que la ciudadanía espera, esa es la certeza y es como nuestra policía y nuestro Gobierno, y nuestro Estado, se comunica con la ciudadanía: con acciones, no con palabras", sostuvo.

LAS FALENCIAS EN MATERIA PENITENCIARIA

Un problema frecuente en las cárceles suele ser la presencia de celulares en manos de internos.

Actualmente, los recintos tienen permitido, mediante contrato, inhibir las señales de teléfono al interior y al exterior de los penales. Sin embargo, para la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) era complicado hacerlo hacia afuera de las cárceles, por lo que esa medida se dejó de cumplir.

No obstante, hay opciones para poder retomarla: según la ANOP, hay empresas que se ofrecen a otorgar gratis la tecnología necesaria para hacerlo, a cambio de la concesión de los teléfonos públicos al interior de las cárceles.

Por otro lado, Isidro Solís, exministro de Justicia (2006-2007) durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, dejó como prioridad la gestión del penal La Laguna en Talca, región del Maule. No obstante, después de 17 años, aún no se inaugura, incluso estando prevista su apertura para el segundo semestre del año pasado.