La ley de fraudes, que entró en vigencia en 2020, tiene desde sus inicios en alerta a los bancos. Y es que la normativa estaría siendo aprovechada para defraudar a las entidades financieras, lo que estaría generándoles un "importante daño patrimonial".

Según datos de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), desde el primer semestre de 2021 a la fecha, los montos defraudados llegarían a los $462 millones.

Los números, advierten desde la institución, han ido en aumento. Si en el primer semestre de 2021 se defraudaron $44.588 millones, la cifra alcanzó los $172 millones durante los primeros 6 meses de 2023.

Esto, considerando a las entidades privadas. Pues también está el caso de Banco Estado. Según la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las pérdidas por fraude en la entidad han aumentado de manera "muy significativa" y alcanzarían un "porcentaje relevante" de su última capitalización: US$80 millones hasta octubre respecto a US$335 millones capitalizados.

Es en este contexto en el que el presidente de la Abif, José Manuel Mena, señaló ayer en la comisión de Hacienda que ley está "permitiendo abuso y protegiendo actividad delictual" y que el régimen de responsabilidad objetiva del emisor que establece la ley, y la obligación de restituir montos de hasta 35 UF tras un aviso de fraude sin una sentencia de por medio, han permitido la "masificación de conductas delictuales, especialmente asociadas al lavado de activos, e incluso a través de organizaciones criminales".

Ahora bien, según aseguró Abif, el monto anualizado de fraudes "se estima que ya supera los US$350 millones, con indicios claros de esquemas de autofraude". En ese sentido Mena afirmó que según sus estimaciones -incluyendo las de Banco Estado- es que "el 95% de las operaciones señaladas como fraude, en rigor, son bandas delictuales que están actuando como autofraude".

"Hay personas que están coludidas, hay organizaciones que utilizan a personas. Es cosa de ver en algunas sucursales grandes cómo existen filas para poder hacer esta situación (...) Hay audios donde se hacen tutoriales de cómo hacerlo", dijio en conversación con Radio Pauta. Con todo, según planteó Abif a Emol, "es urgente corregir la ley de fraudes, ya que está en juego el desarrollo del sistema de pagos, afectando de manera significativa la viabilidad de una mayor inclusión financiera".

En particular, sostienen que "es importante modificar el estándar probatorio -actualmente culpa grave o dolo-, el cual no es la norma a nivel internacional y, como se señaló en el Informe de la Corte Suprema, es clave que se ajuste, ya que es parte de la explicación del surgimiento de los auto fraudes". Adicionalmente, sugieren seguir la experiencia de jurisdicciones como en España. "Es importante establecer mecanismos expeditos con el regulador para determinar la responsabilidad del emisor y el cliente", acotó la entidad.

¿Cómo opera?

La normativa limita la responsabilidad del usuario de medios de pago y transacciones electrónicas ante extravío, hurto, robo o fraude cuando los montos asociados son menores a 35 UF ($1.288.497). Bajo dicho umbral, el banco tiene la obligación de restituir los fondos en menos de cinco días hábiles, sin una sentencia de por medio.

Esto, ha alertado las entidades financieras, pues estaría dando pie a que los mismos usuarios defrauden al banco y obtengan devoluciones de los fondos.