Tal como estaba previsto por la mayoría opositora en la instancia, la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, recomendó a la Cámara Baja aprobar el libelo.

No obstante, ninguno de los tres parlamentarios que se pronunciaron a favor -Cristián Labbé (UDI), Natalia Romero (ind-UDI) y Víctor Pino (exPDG y coautor del texto)- quiso sostenerla en la sesión de Sala de mañana jueves, donde es probable que la acusación se caiga.

Dicha labor quedó en manos de la diputada del Partido Social Cristiano Francesca Muñoz, una de las impulsoras del libelo.

La etapa de exposiciones en la comisión culminó hoy con las exposiciones de los abogados Luis Valentín Ferrada, exdiputado de Renovación Nacional, y Gonzalo García Pino, exintegrante del Tribunal Constitucional, quienes coincidieron en que el libelo carece de fundamentos para destituir a Montes.

Durante la ronda de escuchas en la comisión, solo Jorge Barahona, profesor de Derecho Privado de la Universidad Católica, respaldó un par de capítulos de la acusación, mientras que el abogado de la UDI Pablo Toloza, querellante en el caso Democracia Viva, también invitado a la comisión, prefirió no pronunciarse sobre el mérito jurídico del libelo, arguyendo que no es abogado constitucionalista.

En tanto, desestimaron directamente la acusación los otros invitados: los abogados William García, Enrique Rajevic y Enrique Aldunate.

ECRIMINACIONES EN LA DERECHA POR ERRORES EN EL LIBELO

En la víspera, la defensa del ministro apuntó varios errores formales y de fundamentación en la acusación: por ejemplo, si bien el objetivo de la misma es señalar la negligencia y la falta de supervigilancia del titular del Minvu en el llamado caso convenios, casi ninguna de las normas del Código Penal citadas en el escrito tienen relación directa con la causa.

El único que corresponde invocar en este marco es el número 236: "El empleado público que arbitrariamente diere a los caudales o efectos que administre una aplicación pública diferente de aquella a que estuvieren destinados, será castigado con la pena de suspensión del empleo en su grado medio".

El equipo que dirige el abogado Pablo Ruiz-Tagle también detectó fallas triviales, como páginas no numeradas o supuestas notas al pie de página que no tenían texto alguno asociado, que para el jurista, se explican por un trabajo de "copy paste", y que constituye una "descortesía" con los diputados.

"Me molesta que esté mal hecha", reprochó el jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, pues si bien sus diputados no firmaron el libelo, plantea que "si queremos hacer una buena gestión, tenemos que ser serios. Una vez más, la presiones de ciertos grupos buscando ventajas, lo que han logrado es afirmar la figura del ministro Montes, que a todas luces tiene responsabilidad política".

Su par de RN, Frank Sauerbaum, admitió que "esto quiere decir que no basta con tener las ganas y el ímpetu. Hay que analizar las cosas con más reflexión y recurrir a quienes tienen experiencia. Nosotros en RN no nos involucramos en esta presentación, porque quienes sugirieron esta acusación fueron otras bancadas y nosotros nos limitamos a respaldarlos".

Ha trascendido que la mayoría de los errores aparece en el capítulo que elaboraron en el Partido Republicano, pues el borrador que entregaron las diputadas socialcristianas Muñoz y Sara Concha no contenía las referencias equivocadas al Código Penal.

Al respecto, el jefe de la bancada republicana, Agustín Romero, reconoció que "lamentablemente el documento venía con un error. Hay que dar la cara, no tengo problema en asumir la equivocación, pero eso no obsta que estamos hablando de un ministro negligente, que está comprobado que tenía información y, cuando la tuvo, no hizo nada hasta que el escándalo estalló".