El 2023 cerró con una escalada delictual. Los 10 homicidios perpetrados el fin de semana de navidad, el menor de tres años baleado en la comuna de San Bernardo y el caso de secuestro de dos lactantes en la ciudad de Valparaíso, son algunos de los episodios violentos que desafían la gestión que ha encabezado el Gobierno para robustecer el control del orden público.

Así, pese a que el Gobierno releva las 44 leyes sobre seguridad que se han publicado en los dos últimos años, el robustecimiento operativo y los recursos que se han destinado a mejorar la capacidad de las policías, entre otras varias diligencias, la cruenta realidad pone en entredicho la capacidad del Ejecutivo de administrar la crisis.

Haciendo un balance sobre la conducción de la agenda de seguridad, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), consideró que "el Gobierno objetivamente se demoró mucho en comprender el drama que significa la inseguridad para todos los chilenos". "Creo que al llegar pensaron que era un tema que no les iba a tocar y que tenía connotaciones más bien políticas y creo que se dieron cuenta que la inseguridad no respeta nada.

La delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, son realidades que hay que enfrentar con mucho más vigor, mucho más dureza y creo que esa lección, espero que se esté aprendiendo", sostuvo. Ahora bien, relevó que "por lo menos en materia legislativa, quienes hoy día están en el Gobierno, están aprobando leyes que rechazaron cuando estaban en la oposición.

Es un cambio que tiene, pero yo prefiero ese cambio a que las cosas sigan igual y espero que seamos capaces de mirar de otra forma estos temas y que nos permitamos los medios políticos, los medios de prensa, generar un esfuerzo por volver a vivir en un país seguro". Más crítico se mostró el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, quien aseveró que "el Gobierno está en déficit en la agenda de seguridad.

Es por eso que nosotros hemos planteado, tanto el programa de mejoramiento de gestión para carabineros y la PDI, para mejorar sus remuneraciones, y hemos planteado además tres proyectos que son claves: proyectos de especialización de las policías, sistema integrado de inteligencia y la ley antiterrorista como parte de la agenda que debiera implementar el Gobierno durante el mes de enero, poniéndole urgencia a esos proyectos".

En un repaso sobre la labor del Ejecutivo, la diputada del Partido Comunista, Alejandra Placencia, indicó que "una de las cosas de las cuales creo que tenemos que reflexionar ahora que estamos a fin de año, es cómo finalmente el Estado de Chile no estaba preparado para enfrentar estos nuevos tipos de criminalidad y hoy día lo que estamos haciendo, es ponernos al día".

"Estamos dando cuenta de la celeridad con la que se requiere actualizar la legislación, actualizarla a estos nuevos tipos de criminalidad, desbaratar bandas de crimen organizado y que se están asentando en distintos lugares de nuestro país, pero que para hacerlo bien, tenemos que tener un Estado robusto en materia de seguridad", agregó. También desde el oficialismo, el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, consideró que "hay un antes y después de la llegada de la ministra Tohá.

Yo creo que es necesario asumir la realidad existente en nuestro país, hay una crisis de seguridad profunda que debe ser asumida con Estado y con políticas públicas mucho más profundas y con una mano mucho más dura para combatir la migración irregular de manera discriminada y el crimen organizado". "Creo que en esa senda vamos ahora pero no hay que soltar la mano porque es un tema muy complejo", acotó.

La voz de analistas

Aquilatando el pie del Ejecutivo sobre la agenda de seguridad, el académico de la Universidad de Santiago de Chile y exdirector de Seguridad Pública en el gobierno de Michelle Bachelet, Jorge Araya, señaló que "el Gobierno no debe caer en la tentación de cantar victoria antes de tiempo".

"No pueden estar en la actualidad celebrando avances en materia delictual, porque creo que el fenómeno delictual y de crimen organizado que tiene el país está instalado y le va a costar a este gobierno y al gobierno que venga muchos esfuerzos que son de mediano plazo, de fortalecimiento de las policías", añadió.

En esa línea, apuntó que "necesitamos mayor número de policías, mayor número de fiscales, una transformación de todo el aparato de inteligencia que tiene el Estado para perseguir estos delitos. Por lo tanto, efectivamente no estamos aún observando avances porque es un fenómeno más complejo".

"Hay que tener mucha prudencia porque los homicidios van a continuar, van a continuar este tipo de delitos que alarman a la población, porque es un crimen organizado que está instalado en el país y que va a demorar un tiempo, por lo menos varios años en poder ser reducido el fenómeno", adicionó.

A su vez, José Francisco Lagos, Director Ejecutivo del Instituto Res Publica, sostuvo que "en materia de seguridad, el Gobierno tuvo un duro choque con la realidad". "Al principio intentaron mantener su estrategia, que es la del escepticismo respecto a la agenda de seguridad.

Esto se demostró, por ejemplo, cuando intentaron bautizar la ley Nain-Retamal como la ley "gatillo fácil". Después de trágicos acontecimientos debieron tragarse sus palabras y promover su aprobación en el Congreso. Lo mismo les pasó con las sucesivas renovaciones a los Estados de Excepción Constitucional tanto en la Macrozona Sur, como en el norte del país", describió.

Dicho eso, Lagos advirtió que "promover cosas que antes no creías es muy difícil, pero intentar comunicar que las medidas a las que te opusiste, tienen efectos gracias a ti, es una tarea aún más difícil y el Gobierno ha fracasado en ese intento".