El Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), en sesión extraordinaria realizada el miércoles 13 de septiembre, revisó el proyecto de presupuesto 2024 y manifestó su preocupación ante la falta de recursos para el desarrollo de proyectos indispensables de ejecutar, que comprometen la operación normal de este Poder del Estado.

El presidente (s) de la Corte Suprema y el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, informaron a esta entidad superior que el viernes 8, en reunión sostenida con el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, recibieron el proyecto de presupuesto correspondiente a la partida 03 del Poder Judicial, el cual presenta una actualización monetaria de un 3,2%.

Según señaló el Consejo Superior a través de un comunicado, "este presupuesto, de acuerdo a los mínimos necesarios para funcionar, no es suficiente para cubrir las necesidades operacionales de este Poder del Estado, considerando entre otros aspectos, que los contratos con distintos proveedores están expresados en Unidades de Fomento, lo que establece una brecha difícil de cubrir con el presupuesto asignado, el cual se estructura en pesos".

"Todo lo anterior impacta integralmente la función jurisdiccional de los tribunales chilenos con el objetivo ulterior de brindar a la ciudadanía un servicio oportuno y de calidad", complementó.

El Director de la corporación señaló al Consejo Superior que de acuerdo a lo convenido entre el Presidente (S) de la Corte Suprema y el Ministro de Hacienda, el martes 12 se realizó una reunión con la Dirección de Presupuestos y especialistas de ambas instituciones, no alcanzando los acuerdos necesarios que permitan incrementar en esta etapa el presupuesto comunicado.

Debido a lo anterior, el Consejo Superior del Poder Judicial manifestó "su preocupación a la propuesta presentada, porque implica un grave compromiso a la operación del Poder Judicial en áreas críticas como ser el funcionamiento de tribunales que integran el Poder Judicial y que el déficit de recursos impactará negativamente la adjudicación de nuevos proyectos en materia de infraestructura, al no contarse con el presupuesto necesario para el desarrollo de los mismos durante el año 2024".