Una nueva sesión celebró la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados, que indaga las pensiones de gracia entregadas a víctimas de violaciones de derechos fundamentales durante el estallido social.

En la instancia, el encargado de exponer fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien detalló el número de beneficios otorgados y reveló que cerca del 10% de quienes han recibido pensiones contaba con antecedentes penales.

Según la autoridad, "durante el 2022 se entregaron 418 pensiones de gracia a personas que vieron vulnerados sus derechos en el marco del estallido social".

Del total, "148 que fueron entregadas durante la administración del ex presidente Sebastián Piñera y las restantes 270 durante el actual gobierno del presidente Gabriel Boric".

En ese sentido, Monsalve explicó que de este grupo "40 personas registran antecedentes penales", todos "antecedentes antiguos y por delitos menores".

En detalle, el subsecretario indicó que 17 de estos beneficiados recibieron pensiones de gracia durante el gobierno de Piñera y 23 durante la presente administración. No obstante, aseguró que "se respetó rigurosamente el reglamento que establecía el procedimiento", el cual fue fijado a través de una resolución exenta del 4 de enero del 2022, durante el gobierno anterior.

"En ninguno de los acápites de ese reglamento se considera como requisito solicitar los antecedentes penales", enfatizó.

Pese a esto, aclaró que dado que es el Presidente de la República quien otorga las pensiones, "si él lo estima pertinente podría revocar el beneficio". En cuanto a los montos entregados, Monsalve señaló que "la pensiones tienen en promedio un monto de 1,5 ingresos mínimo no remuneracionales, lo que es en torno a los 400 mil pesos".