El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker abordó el veto que anunció el Ejecutivo al proyecto que fue despachado por el Congreso y que tiene relación con los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, más conocido como ley de "usurpaciones".

El líder del gremio agrícola criticó la acción del Gobierno, la cual tiene un plazo de 30 días para concretar. Al respecto, Walker sostuvo que "la usurpación es un problema constante en las zonas rurales de nuestro país y requiere inmediata acción por parte del Estado.

La ley aprobada en el Congreso entrega las herramientas para hacer frente a este flagelo y fortalece el Estado de Derecho, indispensable para el desarrollo productivo del país, atraer inversiones y generar empleos".

En esa línea, manifestó sus reparos por la acción que determinó el Ejecutivo y aseveró que "el veto anunciado por el Gobierno solo extenderá un problema cuya solución hoy está sobre la mesa".

Dicho eso, instó a las autoridades a "analizar los efectos positivos que han traído iniciativas como la Ley de Robo de Madera y la Ley Naín-Retamal, que también fueron cuestionadas en su momento y han mostrado ser herramientas eficientes para combatir la delincuencia".

Frente a las conclusiones que estimó el Gobierno para tomar la decisión, está en que se abriría la posibilidad de la legítima defensa privilegiada y se establece la flagrancia permanente.

Mientras que otra de las preocupaciones desde La Moneda, radican en que con esta legislación se caería en la "autotutela" y las personas podrían "tomar la justicia por sus propias manos".