Tras más de mil días, el 31 de agosto dejó de regir la alerta sanitaria por Covid-19, decisión que conlleva varios cambios y también despierta preocupación por el futuro de miles de funcionarios de la red asistencial que fueron contratados para atender la emergencia.

La alerta fue decretada el 5 de febrero del 2020 por la entonces Administración de Sebastián Piñera, y fue prorrogada por última vez en marzo de este año, por el Gobierno de Gabriel Boric, hasta fines de agosto.

Con esta decisión,dejó de ser obligatorio el uso de mascarilla tanto en establecimientos de atención clínica como en recintos educacionales.

Otra medida que contempla la alerta sanitaria es el teletrabajo como derecho en el sector público y privado, cuya aplicación se regirá, a partir de ahora, por lo establecido en la ley, en el caso de los funcionarios públicos; y según las condiciones de cada trabajador y empresa, en el caso de los privados.

La medida también permitía acelerar la compra de insumos, facilitar la gestión de la red asistencial y otorgaba facultades extraordinarias a las distintas instituciones públicas de salud para contratar personal.

Según cifras del Ministerio de Salud, se llegaron a contratar a 32.000 profesionales no médicos y técnicos en tiempos de pandemia para apoyar a los servicios de urgencias y UCI. De estos, hasta hoy se mantienen trabajando 12.000, la mitad de los cuales serán desvinculados.