El fiscal nacional, Ángel Valencia, relevó y agradeció el "impecable" trabajo investigativo del Ministerio Público y Carabineros para lograr el rescate -previa concreción de un pago extorsivo- del empresario Rudy Basualdo, quien había sido secuestrado hace dos días en Rancagua, en la Región de O'Higgins.

"(Quiero) felicitar, reconocer y agradecer el impecable trabajo de Carabineros, que permitió detener a tres de los presuntos autores" el mismo día del rapto, los cuales -dos ciudadanos venezolanos y uno colombiano, todos en situación migratoria irregular- fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva; y también reconoció "el compromiso, apoyo y trabajo del Gobierno, a través de la Subsecretaría del Interior (...) y el trabajo de los fiscales de la región".

"El mensaje final es transmitirle a la comunidad que vamos a seguir trabajando en la investigación de estos hechos. El trabajo de la Fiscalía y las policías no ha terminado, la investigación está en curso, va a seguir avanzando y no va a concluir hasta que no se dé con el paradero" de todos los involucrados, que preliminarmente eran al menos cinco, "se los pueda presentar ante la Justicia y obtener condena", apuntó, advirtieron que perseguirán las "penas más severas".

"Y no vamos a detenernos en aquello", remarcó Valencia, porque "vamos a seguir trabajando coordinadamente: si ellos (los criminales) están organizados, nosotros vamos a estar más organizados y vamos a ir por ellos con todo lo que tenemos (...) porque juntos, somos más fuertes".

EL PAGO "NO ES UNA DERROTA"

A su turno, el fiscal de O'Higgins, Emiliano Arias, ratificó que hubo un pago para lograr la liberación del empresario, pero, al igual que hizo más temprano la ministra del Interior, Carolina Tohá, evitó mencionar una cifra, que según ha trascendido, ronda los 40 millones de pesos que ofreció la familia -los captores exigían 80 millones-.

"Se exigió un pago y éste se realizó", se limitó a decir, sin hablar del monto. Ahondar públicamente en detalles "dañaría la investigación en curso", agregó.

Con todo, el prosecutor pidió "la cooperación a la comunidad para que confíe en las instituciones, para que nos entregue información: si la comunidad y autoridades actuamos en conjunto, nos va a ir mejor que a los delincuentes".

Con todo, aunque los secuestradores restantes que aún no han sido arrestados hayan conseguido el dinero, "no puede haber derrota" para las autoridades, opinó Arias.

"Nuestra principal función y misión en este tipo de delitos, de muy compleja investigación, es proteger a la víctima. Tenemos a la víctima con vida. Tenemos a los autores materiales, conforme se acreditó en el tribunal. El trabajo realizado en flagrancia y el trabajo investigativo posterior ha permitido en un tiempo bastante récord la detención y formalización de una parte de la banda", expuso.

El empresario Basualdo había sido secuestrado el miércoles por un grupo de al menos cinco delincuentes luego de que perpetraran un asalto armado en la metalúrgica Haise, de la que el afectado es dueño. 

GOBIERNO SE QUERELLA

En tanto, la subsecretaria subrogante del interior, Carolina Garrido, valoró el "trabajo riguroso, profesional y serio" de las policías y la Fiscalía, y confirmó que el Gobierno, a través de la Delegación Presidencial Regional, se hará parte del caso con una querella contra quienes resulten responsables.

"Llamamos a todos los líderes de opinión y actores relevantes a ser responsables con la información que se maneja", conminó también.

Igualmente enfatizó que "el Gobierno está preocupado de la situación, pero ambién, ocupado", pues desde que asumió, en marzo del 2022, ha desplegado un plan de trabajo con las policías y organismos estatales fiscalizadores y financieros "para cerrar las brechas institucionales que hoy nos tienen en la situación en la que estamos" y alcanzar un combate "más eficientes a esta nueva criminalidad".