El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, ingresó este martes un escrito ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para formalizar al ex director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos.

Según explica en el documento, se acusa que el ex líder de la PDI registra cerca de 140 millones de pesos en sus cuentas bancarias y en la de su esposa, María Neira -que se desempeña como funcionaria del SII-, tras 53 depósitos en dinero en efectivo recibidos entre junio del 2015 y marzo del 2017.

Tanto Espinosa como su cónyuge recibían su sueldo mediante transferencias, por lo que los varios depósitos millonarios que recibieron en efectivo están en investigación para ver si pueden ser justificados.

Entre estos años, Espinosa tuvo a su disposición más de 1.300 millones de pesos por concepto de gastos reservados y que ocupó en sumas entre los 30 y 97 millones de pesos de forma mensual. Según informó La Tercera, la ex autoridad policial justificaba estos giros bajo la Ley de Inteligencia o actividades de vigilancia por narcotráfico, situación que es investigada por la Fiscalía.

En tanto, el persecutor de esta causa dio cuenta que para este lavado de dinero, la esposa del ex director de la PDI realizó varias compras en 2018 que alcanzaron los 439.932.837 pesos: un departamento, una bodega y dos estacionamientos en Las Condes. Debido a esto, ambos son investigados por este delito.

Tras reportar operaciones financieras sospechosas por parte del ex director general de la PDI, en diciembre pasado la Unidad de Análisis Financiero (UAF) inició esta causa.

Depósitos realizados por subcomisario

En el caso de los millonarios depósitos realizados tanto a Espinosa como a Neira, estaban a cargo del subcomisario de la PDI, Eduardo Villablanca, quien aseguró en esta investigación que se trataban de "órdenes" que recibía por parte de Espinosa.

Al ser interrogado hace dos meses, este funcionario de la policía civil dio cuenta que se trataron de movimientos bancarios entre un millón y tres millones de pesos, todos en efectivo y que eran entregados por el mismo ex director de la PDI.

Las diligencias realizadas dieron cuenta que Villablanca tuvo ingresos en efectivo a su cuenta que no coinciden con su sueldo en la institución policial, por lo que también será investigado por lavado de dinero y cómplice del desvío de las arcas fiscales.

El lunes 16 de agosto el Consejo de Defensa del Estado presentó querella criminal contra el ex director de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, Héctor Espinosa Valenzuela y el subcomisario Eduardo Villablanca Inostroza por delitos reiterados de malversación de caudales públicos, conforme con los hechos acreditados en la investigación penal, ilícitos cometidos en su condición de funcionarios públicos.

La acción del órgano colegiado además imputa a Espinoza delitos de falsificación de instrumentos públicos y de lavado de activos. Por este último ilícito el Consejo acusa también a su cónyuge María Neira Cabrera, y al subcomisario Villablanca Inostroza.

La querella del CDE describe el procedimiento y/o mecanismos utilizados por los imputados para, en primer lugar, sustraer cuantiosos fondos fiscales provenientes de gastos reservados asignados por Ley de Presupuestos de la Nación a dicha institución entre los años 2015 y 2018, conductas por las cuales, en concordancia con los antecedentes de la investigación penal, el CDE imputa el delito de malversación reiterada de caudales públicos.

Los antecedentes reunidos en la investigación del Ministerio Público permiten fundadamente deducir que, con ocasión de la asignación y posterior rendición de los gastos reservados otorgados por Ley de Presupuestos de la Nación a la Policía de Investigaciones de Chile –que entre junio de 2015 y diciembre de 2018 ascendieron a 1.306.033.000 de pesos, el querellado Héctor Espinosa Valenzuela, entonces director general de la PDI, concertado con el subcomisario Eduardo Villablanca, su ayudante al momento de los hechos, sustrajeron cuantiosos caudales públicos provenientes de gastos reservados, los que este último depositó en efectivo  en cuentas corrientes de Espinosa y de su cónyuge, así como en cuentas propias. 

Del mismo modo, la acción penal interpuesta describe la forma en que se falsificaron y/o utilizaron declaraciones juradas falsas para justificar el uso y destino de los referidos gastos reservados, presentadas entre 2015 y 2017 ante la Contraloría General de la República por el ex director general, así como ante la propia PDI, mediante certificados dolosos firmados por Espinoza para justificar egresos periódicos de fondos que, en promedio, ascendían a 30 millones de pesos mensuales.

Conforme con ello y como una forma de ocultar las sustracciones, en el proceso de rendición genérica y anual de los gastos reservados ante la Contraloría General de la República, el querellado falsificó y/o utilizó declaraciones juradas mendaces de buena inversión, mediante las cuales sostenía, bajo juramento, que estos se emplearon en los fines propios de la Policía de Investigaciones de Chile y en las misiones que le son inherentes, relativas al orden público y seguridad interior y exterior del país, señala la querella del CDE.

El Consejo sostiene que, con los dineros sustraídos, los imputados, a sabiendas del origen ilícito de estos fondos, realizaron distintas operaciones que tuvieron por finalidad su introducción en el sistema económico formal, ocultándolos mediante el fraccionamiento en diversas cuentas corrientes o productos financieros y adquiriendo bienes muebles o inmuebles. A la fecha, la indagatoria ha determinado la adquisición por parte de los imputados de vehículos, un departamento en la comuna de Las Condes, entre otros bienes.