En pleno proceso de audiencias, se encuentran los integrantes de la Comisión de Salud que deben someter a votación, la norma que modifica el Código Sanitario, en lo que respecta a la atención de farmacias en las grandes urbes.

La moción de autoría de los senadores Francisco Chahuán, María José Gatica, Ximena Rincón, Felipe Kast y Javier Macaya establece que en las grandes urbes, deben existir farmacias de atención permanente, situadas en lugares de fácil acceso al público y, en lo posible, cercanas a los establecimientos hospitalarios o centros de salud.

Con el fin de recabar mayores antecedentes, los legisladores escucharon al presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, Jorge Cienfuegos, quien enfatizó la necesidad de hacer varios cambios al texto entendiendo que las farmacias son centros de salud más allá de lo que hoy reconozca la autoridad sanitaria.

“Hay que establecer la obligación de turnos en las farmacias municipales. Este proyecto considera solo a las comunitarias privadas. Hay que definir bien los horarios y días que se aplicará el turno. También es necesario prohibir la venta de productos incompatibles con un centro de salud porque hoy se comercializan hasta cigarrillos…y finalmente, es importante precisar la seguridad de los recintos y los costos, saber quién asumirá éstos cuando se hable de cámaras y rejas, por ejemplo”, graficó.

Los congresistas consultaron por la factibilidad de licitar los turnos entre las farmacias, de manera que se adjudiquen este servicio. Ello porque no todos los tipos de establecimientos (populares, asistenciales, públicos, privados y comunitarios) cuentan con el mismo modelo de negocios que permita solventar atención 24/7.

También los comentarios recogieron la recomendación de extender la atención permanente para el acceso de fármacos a todo el territorio nacional más allá de las principales urbes. De hecho se reconoció que en el país existen cinco mil de estos establecimientos, donde en cada uno debe haber un químico farmacéutico. A su vez, se constató que en 60 comunas no hay farmacias.

Sobre la idea de licitar, Cienfuegos recordó que “en el pasado existía el Formulario Nacional. El Estado a través del ministerio de Salud licitaba a un laboratorio, la necesidad de medicamentos esenciales bajo Denominación Común Internacional (DCI) para la población, lo que terminó dando origen al laboratorio Chile que surtía a las farmacias. La idea de licitar no es nueva”.

El presidente de la Comisión de Salud, el senador Juan Luis Castro recordó que desde el punto legislativo, está pendiente la tramitación de la ley de fármacos 2 que se encuentra en Comisión Mixta. El titular de dicha instancia, el senador Francisco Chahuán solicitó al Ejecutivo precisar qué aspectos del proyecto modificarán mediante una indicación sustitutiva. Aquello fue respaldado por un oficio que se enviará al Minsal y a los integrantes de la instancia mixta.

Asimismo se recordó que en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento está el proyecto que sanciona la venta ilegal de medicamentos, tras lo cual la propuesta deberá ser remitida a la Sala.

Finalmente se anunció que se invitó para el 25 de septiembre, al director de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), Jaime Espina, para evaluar la ley que permite a este organismo, vender medicamentos a farmacias, hasta un tercio del valor habitual, todo con el fin de traspasar esta rebaja a los consumidores.

En mayo pasado, la norma cumplió tres años entró en vigencia, pero tanto el ex director de Cenabast, Valentín Díaz; como la ex ministra de Salud, María Begoña Yarza reconocieron problemas en su funcionamiento dado que muy pocos establecimientos habrían suscrito el convenio.

CENTROS DE DIÁLISIS

En tanto, los senadores escucharon al presidente de la Asociación Nacional de Diálisis Independiente (ANADI), François Rius; y el miembro de la Alianza Diálisis es Vida y representante de la Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile (ASODI), Tomás Fernández, quienes dieron a conocer la situación financiera de los centros de diálisis que están en grave riesgo de quiebra puesto que el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), les cancela menos que el valor real de la prestación. Dichos centros atienden al 90% de los 25 mil pacientes con enfermedad crónica renal que se dializan en el país.

De acuerdo a Rius, “para el 2022 el nivel de pérdidas fue alrededor de 19 mil millones de pesos y, para este año, a pesar de los ajustes que realizó Fonasa que fueron insuficientes, la pérdida va estar cerca de los 21 mil millones. Es decir, entre ambos años, vamos a sumar cerca de 41 mil millones de pesos de pérdida”.

En esa línea, solicitaron un incremento de un 14% de la glosa de Fonasa para estos efectos. De hecho la Comisión apuntó a estudiar esta solución en la próxima discusión presupuestaria, pero también hizo un llamado al Ejecutivo a presentar un proyecto que permita entregar estabilidad a estos prestadores.

Desde Fonasa, la jefa de gestión comercial, Nancy Dawson explicó que "los precios se mantendrán durante cada año de vigencia del contrato y se reajustarán en forma automática de acuerdo a la Modalidad de Atención Institucional (MAI) con el inflactor determinado por Hacienda. En el caso del 2023, fue de un 6,3%".

La autoridad reconoció que “en junio de este año, aplicaron una encuesta a los prestadores para ver la posibilidad de generar un cese de los contratos por mutuo acuerdo y pero un tercio de los prestadores señaló no estar de acuerdo con adelantar la licitación, lo que imposibilita a Fonasa a usar dicha causal”. Dadas las cosas, se informó que se están modelando nuevas bases que entrarían en vigencia en enero de 2025.