En medio de la crisis educacional en la Región de Atacama y las críticas a la "demunicipalización", el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró que hay que evaluar la implementación de la reforma.

En ese sentido se refirió a los cuestionamientos a la "gobernanza", que hoy está en en manos de los Servicios Locales de Educación Pública (Slep) y que ha levantado críticas transversales desde el mundo político y gremial.

En ese contexto, el secretario de Estado en una entrevista en Tolerancia Cero puso sobre la mesa el rol de los Gobiernos Regionales, institución que no existía cuando se discutió la normativa en el Congreso Nacional que habilitaba el traspaso gradual desde los municipios a los Slep Ante este planteamiento, el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, dijo que "esto nos toma por sorpresa", ya que "no es un tema que se haya conversado con la Asociación de Gobernadores".

Respecto a un eventual traspaso de competencias, indicó que "tiene que darse una discusión bastante profunda porque son situaciones no exentas de dificultades" y aseguró que hoy los Gobiernos Regionales "no cuentan con suficientes profesionales o personal para hacerse cargo de estos desafíos". Por ende, no ve viable un traspaso en el corto plazo.

"El tema de educación es un tema complejo y eso supone tener claridad en los recursos involucrados", dijo el gobernador de Atacama. "Yo creo que una decisión de esa envergadura va a requerir un diálogo muy amplio y un amplio consenso también", aseguró.

En la relación a la crisis que afecta a la región - y la paralización de clases que va a cumplir dos meses - el gobernador se reunió a las 19.00 horas de ayer con la "mesa regional de seguimiento de compromisos", una de las instancias que se acordaron para llegar a un consenso sobre cómo podría terminar el año escolar de los estudiantes y que la autoridad regional preside.

Para enfrentar el déficit de infraestructura que impide que los estudiantes vuelvan a clases, Vargas señaló que "hemos dicho que estamos dispuesto a contribuir con recursos y aportar desde el presupuesto de la región", sumado a los esfuerzos que desplegó el sector privado y el Ministerio de Educación para que los estudiantes puedan volver a las aulas.

Por su parte, el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, y presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi), planteó que "los gobiernos regionales tenemos por meta invertir los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional en la región para generar un mayor bienestar para los habitantes de la misma región.

La idea de los fondos y los recursos de los gobiernos regionales es mejorar la calidad de vida de las personas que habitan una región y en tal sentido esto incluye a la educación, por lo que nosotros estimamos que sin duda alguna podemos jugar un rol muy significativo respecto de lo que puede ser las mejoras de infraestructura de los colegios y escuelas de cualquier región".

Ahora bien, apuntó a que "para poder hacer esto sería bueno mantener la capacidad de los Gobiernos Regionales de ser unidad ejecutora y de poder planificar y poder diseñar los propios proyectos de conservación de los distintos establecimientos educacionales", a su juicio esto sería una "una forma de actuar mucho más eficiente y mucho más rápida".

Pese a estar abierto a jugar un rol más importante en la educación regional y "generar un proceso de discusión" en la materia, Díaz ve con preocupación que "la próxima ley de presupuesto quita capacidades a los Gobiernos Regionales" y por tanto, "se genera un mayor entrampamiento burocrático que le hace muy mal a poder generar soluciones rápidas e inmediatas en temas de infraestructura para la educación de las regiones".

"Nos parece que hay que buscar mayor transparencia en los modos de proceder los Gobiernos Regionales, pero esto no significa un entrampamiento burocrático de cómo diseñamos y cómo evaluamos proyectos propios", agregó. El gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, señaló que "está claro que lo que se ha intentado hacer a través de los Servicios Locales de Educación no ha resultado en la evidencia como se pensaba", por lo tanto, ve necesario "abrirse a considerar otras posibilidades".

Y en ese caso, manifestó que "estaría dispuesto a entrar en esa conversación". "Lo que yo no haría es perseverar en seguir instalando Servicios Locales de Educación si la evidencia demuestra que esto no está funcionando como se espera", señaló.

Por su parte, el gobernador de Arica Jorge Diaz sostuvo que la transferencia al Servicio Local de Educación Pública Chinchorro - que tiene como jurisdicción las cuatro comunas de la región - ha si un "proceso difícil" y aseguró que para llevar adelante esta reforma "han existido aportes regionales significativos".

"No tan solo con la adquisición de vehículos para que ellos puedan trasladar a los estudiantes de lugares más alejados hacia sus propios establecimientos educacionales, además hemos destinado recursos para la construcción de nuevos establecimientos, una remodelación completa de la Escuela Pampa Algodonal, y están en carpeta proyectos que también colaboran mucho con la entidad sostenedora, porque si esto lo tuviéramos que comparar con un colegio particular subvencionado, indudablemente el colegio particular subvencionado por sí solo cubre todas estas necesidades", señaló.

Finalmente dijo que "los Servicios de Educación Pública, por lo menos en la región, no han tenido la capacidad de poder sostener todo el aparataje que se requiere de una manera adecuada, y es por eso que se requiere asumir nuevos desafíos con ello, y por supuesto que la labor que pueden cumplir los Gobiernos Regionales son de mucha importancia, porque es la única manera en que ellos pueden optar a nuevos recursos para que puedan desarrollar de mejor manera su cometido de entregar educación pública a la comunidad".

La "Nueva Educación Pública" establecía un calendario original donde se señalaba que debían ser instalados 12 Slep en 2023, 18 en 2024 y 23 en 2025. Tras las modificaciones que impulsó el Ejecutivo, ahora se espera la implementación de 10 Slep en 2023; 10 en 2024; 11 en 2025; 11 en 2026; y 11 en 2027, extendiendo este proceso en dos años.

Cabe recordar que el Sistema de Educación Pública, creado mediante la Ley 21.040 de 2017, traspasa todos los establecimientos educacionales municipales del país a 70 Servicios Locales dependientes de la Dirección de Educación Pública (DEP), devolviéndole al Estado un rol protagónico en la educación del país.