El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, Andrés Longton (Renovación Nacional), se refirió a lo ocurrido ayer en la Sala del Senado, que despachó 13 de las 14 observaciones que el Gobierno envió al Congreso para intentar corregir la Ley de Usurpaciones.

El único veto que fue rechazado por la Cámara Alta fue uno que suprimía la graduación en las penas cuando la usurpación fuera sin violencia o intimidación. No obstante, la oposición no reunió los dos tercios para insistir con el proyecto aprobado que establecía presidio para estos casos y posteriormente se aprobó la iniciativa del Ejecutivo que establece multa y presidio en estos casos a criterio del juez.

Así, dos de las principales inquietudes de La Moneda -la legítima defensa privilegiada y la gradualidad de las penas cuando la usurpación es sin violencia- quedaron zanjadas a su favor.

En este contexto, Longton advirtió que "en la Cámara va a ser una historia muy distinta".

"Lo que va a salir claramente que va a dar la apariencia de que se está generando un cambio, y eso no va a pasar con el veto del Gobierno. Nosotros queremos insistir en el proyecto original porque lo que hace el veto del Gobierno es destruir parte del proyecto, entre otros, la flagrancia, alterando la regla original, imposibilitando la detención por parte de las policías si es que las personas no están en el terreno", declaró el diputado RN en una rueda de prensa en el Congreso.

En contraste, terminada la sesión de ayer, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Felipe Kast (Evópoli), se declaró conforme tras el avance del proyecto a su último avance: "Podemos celebrar porque estamos sacando finalmente del Congreso, a pesar del Gobierno, una tremenda ley para Chile. Primero, vamos a tener flagrancia permanente. El Ministerio Público, las policías, van a poder actuar siempre; segundo, Carabineros siempre va a poder tomar detenidos a quienes usurpan, porque ahora la usurpación va a ser un delito y no simplemente una falta; tercero, toda usurpación violenta va a tener penas de cárcel, aún cuando sea violencia en las cosas; cuarto, todo reincidente que usurpe va a tener penas de cárcel; quinto, todo aquel que se dedique al negocio de la usurpación va a tener penas de cárcel".

"Es mejor que lo que había, porque hoy día no hay nada, pero lo que más yo lamento es que la mayoría parlamentaria quería una ley más firme en materia de usurpaciones y el Gobierno lo debilitó", complementó el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), terminada la sesión.

"Yo lo lamento especialmente porque el Gobierno está desconfiando de lo que yo creo es el sentido común del Congreso", agregó el extimonel gremialista.

DESCUELGUE DEL PC

A pesar del resultado favorable para el Ejecutivo, las votaciones  en el Senado reflejaron también el desmarque del Partido Comunista: Daniel Núñez y Claudia Pascual rechazaron las penas de presidio para ocupaciones con daños y para aquellas usurpaciones no violentas, al tiempo que se abstuvieron en otras siete observaciones que mayoritariamente hacían cambios formales.

En tal sentido, Pascual explicó a Cooperativa que "valoramos que el veto presidencial corrija los aspectos más aberrantes de esta moción parlamentaria y que efectivamente se elimine la legítima defensa privilegiada. Los temas, sin embargo, en esta ley siguen siendo complejos, puesto que mezclan situaciones de necesidades sociales con situaciones delictuales que se da para todas la misma respuesta".

"Desde esa perspectiva, nosotros mantenemos nuestra posición de no respaldar las penalidades de cárcel en las tres figuras de usurpación que hace este veto", agregó la senadora. 

Esta mañana, en El Diario de Cooperativa, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, afirmó que "vamos a seguir dialogando con todos los actores, tanto del oficialismo como de la oposición, en la Cámara de Diputados, con el objeto de que los argumentos esgrimidos por el Gobierno sean considerados a la hora de que las bancadas voten".

Más tarde, en el Congreso, el extimonel socialista abogó por que "siempre exista disposición de los sectores que legítimamente tienen una opinión distinta para votar favorablemente aquello que permite que el texto del proyecto de ley quede coherente y sea una buena herramienta".

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció que siempre esperan que "todos los sectores y particularmente los sectores oficialistas acompañen al Gobierno en propuestas como este veto presidencial y vamos a seguir dialogando y buscando caminos para que ese acompañamiento se produzca en las próximas fases de tramitación".