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Crónica
24/10/2023
En la Ley de Presupuestos los recursos para gastos para atender situaciones de emergencia están asignados a la partida de la Subsecretaría de Interior, no a la de Senapred
Algunas regiones del país ya están ad portas de una nueva temporada de incendios, en la que podría llegar a requerirse la prestación de servicios de múltiples proveedores para solventar las emergencias. Esa situación, que ya sería mala, podría empeorar por el hecho de que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene facturas impagas con empresas privadas que brindaron sus servicios para ayudar a resolver los desastres que dejaron los últimos temporales, así como los incendios forestales del verano.
De acuerdo con información por parte de quienes conocen el tema, la deuda que mantiene Senapred -órgano que depende del Ministerio de Interior- sería de unos $40.000 millones.
Personas cercanas a algunas de las empresas privadas afectadas, entre las que figuran pymes que pronto empezarían a verse en aprietos financieros, aseguran que sólo a proveedores de helicópteros se les adeuda alrededor de $12.000 millones, mientras que a un solo proveedor de viviendas le deben aproximadamente $5.000 millones.
El Líbero consultó al Senapred, desde donde respondieron que se están realizando diversas gestiones y coordinaciones por parte de los organismos del Estado para solucionar la situación. Esto, sin referirse al monto oficial. La solicitud del detalle de los proveedores y los montos adeudados fue solicitada a Transparencia desde mediados de esta semana.
Este medio tuvo acceso a la lista de facturas impagas de uno de los proveedores afectados. A la fecha, la deuda es de casi $250 millones y para fin de año, de persistir la mora, llegará aproximadamente a los $300 millones.
De acuerdo con la información contenida en esa misma planilla, los plazos de pago se fijaron a 90 días. Algunos de los montos adeudados debieron ser cancelados desde junio.
En Mercado Público, se justifican los pagos de Senapred con un plazo mayor a 30 días con la leyenda «esta compra se financia con fondos establecidos en virtud de la partida 05, capítulo 10, programa 01, glosa 08, de la Subs. del Interior, lo que implica esperar la transferencia de recursos para el pago».
Personas que trabajaron en la otrora Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) explicaron que los recursos para los gastos por emergencias se asignan a la Subsecretaría de Interior y no a Senapred.
Al consultar sobre la entrega a Senapred de estos dineros para cumplir con los proveedores, desde la Subsecretaría de Interior indicaron que se trata de información que es de administración interna y que se debe solicitar por Ley de Transparencia para que el área jurídica evalúe si corresponde entregarla.
En todo caso, al revisar la Ley de Presupuesto 2023 (página 111), se verifica que efectivamente las «transferencias corrientes», «a otras entidades públicas», «para atender situaciones de emergencia» están incluidas en la partida de la Subsecretaría de Interior y no en la de Senapred.
«Los servicios que sean requeridos a otras entidades públicas por alertas decretadas con ocasión de incendios forestales u otros hechos catastróficos, podrán ser contratados con cargo a estos recursos, los que se pondrán a disposición de las referidas entidades.
Los contratos y órdenes de compras realizados por los Servicios Públicos y que se financien con cargo a estos recursos podrán estar exentos del certificado de disponibilidad presupuestaria», se indica en la glosa correspondiente a esta asignación.
En la Ley de Presupuestos, la asignación para atender situaciones de emergencia es de $10.000 pesos. Personas que conocen del tema explicaron a El Líbero que esto es así porque no se puede saber con antelación cuánto dinero se requerirá. Es posteriormente cuando se van inyectando recursos para estos gastos mediante reasignaciones, fondos de reserva o en algunos casos a través de seguros, por ejemplo.
En cuanto al presupuesto del Senapred, que es de casi $21.000 millones, no incluye ningún ítem destinado específicamente a grandes gastos generados en situaciones de desastres.