Nacional
Crónica
Policial
20/10/2023
Se trata de una de las aristas que surgió del fraude en Carabineros y que apuntó directamente al alto mando de la institución, vinculada al mal uso de los gastos reservados, destinados para la seguridad nacional y orden público.
Tras siete años de investigación, la Fiscalía Centro Norte cerró el caso y presentó acusación contra los ex generales directores Eduardo Gordon, Bruno Villalobos, Gustavo González Jure, que estuvieron en el cargo desde el 2008 al 2018.
Las penas más altas se dirigen contra Villalobos y González Jure contra quienes se pidió 17 años de cárcel por malversación de caudales públicos en forma reiterada y 7 años de cárcel por falsificación de instrumento público.
En contra de Gordon, la Fiscalía solicitó 10 años y un día de presidio por malversación y 4 años de cárcel por falsificación de instrumento público.
También aparecen involucrados para los ex generales de Finanza, Iván Whipple y Flavio Echeverría, quienes arriesgan 15 años y un día de presidio por malversación, en calidad de reiterados.
En la investigación además fue acusado Héctor Zuñiga Pailamilla, ex jefe de la Dirección de Presupuesto (DIPRES), contra quien se pidió 10 años y un día de presidio por el mal uso de los dineros fiscales.
En el libelo, la fiscal Patricia Cerda logró establecer que el mecanismo comenzó a operar cuando encabezaba la institución el general José Bernales (2007-2011) y que duró hasta que estalló el caso.
Así, se detalla que entre el 2007 al 2017 “Carabineros recibió bajo el ítem de gastos reservados $5.724.841.000 y novecientos noventa mil dólares”, y que los imputados “previamente concertados, sustrajeron y permitieron que terceros se apropiaran de distintos montos de dinero, tanto en moneda nacional como extranjera, provenientes de recursos públicos denominados gastos reservados”.
La acusación señala que los ex número 1 de Carabineros destinaron solo una porción de dichos fondos para su destino real y que el resto de los gastos reservados fueron entregados “a las personas que conformaban el alto mando institucional y a funcionarios públicos de otras instituciones que se encontraban en listados de distribución, definidos por los imputados, como a los entonces funcionarios públicos ajenos a Carabineros, como lo eran la ex subsecretaria de Carabineros Mónica Javiera Blanco Suárez y el funcionario de Dipres, Héctor Zuñiga”.
También, la fiscal Patricia Cerda estableció que los ex generales directores y los encargados del capital separaban una parte de los fondos y los dejaban en una caja fuerte de la Dirección de Finanzas, para el uso discrecional de los respectivos mandamases de la institución, atribuyéndoles la denominación de “Gastos Reservados Extraordinarios”.
Pese a que fue sobreseída en este caso, en reiteradas ocasiones aparece el nombre de la ex subsecretaria de Carabineros durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.
Según la acusación, los ex generales directores José Bernales y Eduardo Gordon, junto a Ivan Whipple decidieron quienes serían las personas beneficiarias de los dineros públicos sustraídos, que se entregaban en sobres de papel con dinero en efectivo, y que incluían a funcionarios del alto mando y a los civiles Héctor Zuñiga y Javiera Blanco.
La investigación determinó que como ex subsecretaria, la abogada “recibió y se apropió de fondos públicos provenientes de los gastos reservados por un total de 42 millones 138 mil pesos”, entre enero de 2007 y febrero de 2010, todo lo cual quedó consignado en las planillas de “distribución por mes” de gastos reservados. Sin embargo, estos antecedentes no podrán ser presentados en el juicio, porque están prescritos.
Desde el 2012 en adelante, el imputado González Jure dispuso que las personas beneficiarias de los fondos públicos solo fueran generales y el representante de la DIPRES, medida que mantuvo Bruno Villalobos durante su mandato.
En total, la acusación posee 4.714 páginas donde aparecen cada uno de los cargos y la prueba testimonial, pericial y documental que se pretende llevar a juicio.
Así, aparecen 483 testigos incluyendo a una serie de funcionarios de Carabineros activos y en retiro, además de autoridades como el general director Ricardo Yáñez, la directora de Presupuesto del gobierno, Javiera Martinez Fariña, el contralor Jorge Bermudez y su antecesor Ramiro Mendoza.
La audiencia de preparación del juicio oral se fijó para el próximo 23 de noviembre, a las 9 horas, donde también se debería discutir el sobreseimiento definitivo pedido por los ex número uno del alto mando de Carabineros.
