Con presidio podrían cumplir las personas que lanzan basura o escombros a vertederos clandestinos y espacios públicos. Esto debido a un proyecto de ley que se discute en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se debate sobre la proporcionalidad de las penas.

La iniciativa, presentada por el diputado Daniel Manouchehri (PS), se encuentra en primer trámite constitucional y recibió aprobación para legislar, busca aumentar las sanciones.

Así, si una persona es hallada culpable, recibirá la pena de presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 540 días de presidio. Además, se añadirían las penas accesorias de prestación de trabajos comunitarios y una multa de 4 unidades tributarias mensuales (UTM). Si no hay consentimiento del condenado para la prestación de servicios, se reemplazará por una pena accesoria de multa de 8 UTM, señala hasta ahora el proyecto.

“Tiene por objetivo aumentar las sanciones que actualmente considera nuestra legislación penal respecto de las personas que botan o arrojan basura a sitios eriazos y espacios públicos tales como plazas, caminos, calles u otros.

Además, se propone elevar los rangos sancionatorios aplicables hoy en nuestro Código Penal a quienes cometen este tipo de conductas en playas, riberas de ríos, zonas protegidas, tales como los monumentos naturales, áreas de conservación u otros de similares características de protección por parte del Estado”, especifica la moción.

De igual forma, se castigaría a quienes transporten o encarguen trasladar sus residuos a los lugares establecidos por la ley, quienes recibirían penas de presidio menor en su grado medio, alcanzando desde 541 días hasta tres años. Como pena accesoria, se encuentran el trabajo comunitario, la suspensión de su licencia para conducir vehículos a tracción mecánica o animal y multa de 10 UTM.

Si las conductas afectan a lugares naturales como playas, riberas de ríos o de lagos, parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales u otras áreas de conservación, la pena será del mismo rango que la anteriormente mencionada. También se suman las penas accesorias de prestación de servicios en beneficio de la comunidad y multa de 15 UTM.

En su primer trámite recibió 123 votos a favor, dos en contra y ocho abstenciones. Al tener observaciones, fue devuelta a la Comisión de Medioambiente.

El diputado por el Distrito 20, Félix González, es uno de los firmantes del proyecto. Sin embargo, por cuestiones de proporcionalidad de penas, votó en contra y desea modificaciones.

“Esperábamos que se corrigiera pero no pasó. Lo votamos en contra porque se puso una pena de cárcel sin distinción entre la actividad sistemática y lucrativa, y un joven que deja un paquete de galletas en una banca. Uno dice ‘nadie va a meter preso a alguien en este último caso’, pero es el Código Penal”, indica.

Y profundiza que “con la ley actual hay multas e incluso requisamiento de vehículos. Hay suficiente sanción. Lo que falta es fiscalización y denuncia. Si se aprueba esta ley tal como se aprobó ahora, las personas tendrían que denunciar a sus vecinos en Fiscalía. ¿Lo harán sabiendo que luego viene un juicio y que puede haber represalias si la denuncia tiene éxito? Hay una desproporción”.

Flor Weisse, parlamentaria UDI por el Biobío, dijo por su parte que “los vertederos clandestinos se han transformado en una constante en el paisaje de muchos sectores. No solo son foco de infecciones, sino además un riesgo. Por ello es necesario que se regulen y se sancione severamente a quienes arrojen cualquier su tipo de desecho en sitios eriazos y abandonados.

A propósito de los incendios del verano pasado, fueron un foco importante de combustión, por eso es que se requiere avanzar rápido, para no generar inflamaciones y tener despejados los espacios”.

La diputada PC, María Candelaria Acevedo, opina que la iniciativa en cuestión “va en la línea correcta, por eso voté a favor. Es por lo mismo que creo que es necesario legislar al respecto, aumentando las sanciones económicas –sin duda– así como otras, como la prohibición de conducir vehículos motorizados. El caso de la cárcel, como se propone, lo dejaría reservado para aquellos que lucren con estos vertederos ilegales, así como también con el transporte de los mismos”.

En tanto, el presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío, Álvaro Ortiz, puso especial énfasis en que es lamentable tener que llegar a este tipo de “medidas extremas”, pero frente a lo basurales presentes, tanto en zonas públicas como sitios eriazos y que afectan a toda una comunidad, es la única alternativa para “mejorar la cara de las comunas en general, ya que el personal municipal, en muchos casos, no da abasto para limpiar constantemente micro basurales insertos dentro de las poblaciones”., cerró el también alcalde de Concepción.