El gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz (ex-DC), declaró el pasado viernes por segunda vez ante la Fiscalía Regional en el marco del escándalo de los convenios que han salpicado a su repartición, en causas donde figura como imputado, testigo y querellante.

A su llegada a las oficinas del Ministerio Público, durante la mañana, dijo a la prensa que su preocupación "más bien es que se llegue a la verdad, que se aclare, que se determinan responsabilidades en lo que toca a lo penal".

"La magnitud de la investigación que está siguiendo la fiscal hace que ella tome sus tiempos. Yo la verdad que no tengo ninguna intención de entrar a cuestiones. Mi voluntad es cooperar absolutamente en la calidad que fuere (...) tanto en la arista penal como en la administrativa, donde le compete a la Contraloría instruir medidas, su postura es de "colaboración absoluta".

Díaz prestó declaración a partir de las 09:30 horas ante la fiscal anticorrupción del Biobío, María José Aguayo, diligencia que se extendió por cerca de seis horas y terminó alrededor de las 17:00.

Posteriormente, volvió a hablar con los medios, instancia en que reiteró que probará su inocencia. Aseguró que limpiará su honra y que piensa repostular al cargo en la elección del próximo año.

El gobernador figura como imputado en la bullada arista "Lencería", en el caso que involucra a la ONG Red Cultivarte y una tercera causa identificada como "otros convenios".

"Yo soy persona de una palabra: cuando postulé a gobernador dije que iba a postular por dos períodos. También en marzo o junio de este año, yo dije que salvo que pasaran circunstancias extraordinarias, mi intención sigue siendo o era... seguía siendo a esa época, repostular", puntualizó.

Además, recalcó que  "qué puedo decir ahora, ciertamente mi familia no está feliz con esto, yo tampoco; pero tengo una primera aproximación a decirle que no repostular, independiente del resultado de la repostulación, sería casi como reconocer que he estado involucrado en algo ilícito y no lo he estado. Entonces, yo creo que mi honra la tengo que defender trabajando mucho y que sea la ciudadanía la que resuelva, más allá de aquello que son competencias de los tribunales de Justicia, pero cada día tiene su afán. Hoy día lo que tengo que hacer es trabajar y cooperar".

En la primera la Fiscalía indaga el mal uso de 250 millones de pesos que la excandidata a alcaldesa de Concepción Camila Polizzi recibió del GORE Biobío tras presentar un proyecto a través de la fundación En Ti, que "arrendó" para ese fin: presuntamente utilizó una parte de las platas para comprar ropa y lencería, mientras que no existen medios que prueben la iniciativa de reparación de espacios públicos -el objetivo del contrato- haya sido ejecutada.

"A RIESGO DE PECAR DE INGENUO": SOBRE ARISTA LENCERÍA

Al respecto, Díaz planteó: "A riesgo de pecar de ingenuo, creo que hay una situación más bien de personas, no funcionarios públicos, que obtuvieron recursos de manera lícita, pero que tenían una intención de generar una apropiación de dineros distinta al fin para el cual se habían entregado".

Puntualizó que se trata de "una reflexión que uno hace después del escarnio público enorme que he vivido en los últimos tres meses".

En ese sentido, afirmó: "Nunca en mi vida había tenido un nivel de escarnio público como el que he pasado. Probablemente es la experiencia más desagradable que he tenido en mi vida".

Además, más temprano dijo tener la convicción de que el único caso donde existió delito al interior del GORE es el relativo al traspaso de 160 millones de pesos a la fundación Mi Hermano Asuncionista. Es la causa donde figura como querellante, contra la funcionaria Tamara Vidal, quien inició su ronda de declaraciones en Fiscalía el martes.

Según el gobernador, la fiscal le comunicó que con la comparecencia de hoy y la del pasado 26 de septiembre daba por cerrada su participación en esta etapa investigativa.