Se cumplió un año desde que entró en vigencia en el país la ley 21.057, más conocida como ley de "Entrevista Videograbadas" a menores de edad víctimas de delitos sexuales y que ha permitido que más de 25 mil niños y adolescentes hayan entregado su testimonio bajo nuevos estándares y metodologías que resguardan sus derechos y evita la revictimización.

Desde el Ministerio de Justicia valoran que la norma haya significado un "profundo cambio" en torno a la participación e interacción de los menores de edad con los organismos que intervienen en el sistema penal.

En cifras, hasta la fecha se han habilitado 224 salas especiales para la toma de declaración de niños y adolescentes, que se encuentran aisladas. Éstas funcionan a lo largo del país. Se ha incrementado el número de funcionarios formados y acreditados para entrevistar a menores, quienes cuenta con técnicas y lenguaje adaptado a su etapa evolutiva. Hasta agosto de 2023, 586 entrevistadores se encuentran acreditados en el Registro de Entrevistadores que administra la cartera de Justicia. Entre octubre de 2019 y septiembre de este año, 25.593 niños y adolescentes han sido entrevistados bajo los estándares y metodología que regula la ley. De este grupo, 1.964 han prestado declaración en un juicio con la intervención de un intermediario.

Cabe destacar que la ley tiene como fin prevenir la victimización secundaria, estableciendo que todas las personas e instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento deben aportar medidas necesarias para adaptar sus interacciones a la necesidad de cada menor, teniendo en cuenta su madurez intelectual y la evolución de sus capacidades.

Esto, permite el debido respeto y la dignidad personal de las víctimas, indica el Ministerio de Justicia. "Asimismo, su aplicación, busca generar una mejora sustantiva en el acceso a la justicia, reconociendo principios rectores contenidos en la Convención de los Derechos del Niño, y los estándares internacionales para la protección de los niños víctimas y testigos de delitos", manifestó la cartera.

Y añadió: "Es importante relevar el compromiso de las instituciones implementadoras, quienes, a través de la Subcomisión de Implementación de esta ley, creada en enero de 2017 por la Comisión Permanente del Sistema de Justicia Penal, han desarrollado una valiosa labor en el camino de implementación, y correcto funcionamiento del sistema en régimen.

Lo anterior, a través de mesas de trabajo y sesiones periódicas, donde se abordan nudos críticos y planes de acción para fortalecer la eficacia del sistema, donde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ejerce el rol de coordinación, por mandato de la misma ley".