La ministra de Interior, Carolina Tohá, confirmó y entregó detalles del veto presidencial que se ingresó a la Ley de Usurpaciones que, según explicó, salvaguarda el delito, pero elimina la autotutela. 

Desde La Moneda, la secretaria de Estado explicó que "se hizo esta modificación para evitar que se promueva que los civiles a través de la violencia reivindiquen sus derechos y para salvaguardar que el delito se mantenga como un delito permanente y que en todo momento puedan actuar las policías".

Éste, explicó, "tiene 14 observaciones: 10 de fondo y cuatro formales".

El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, confirmó que "el veto se ingresa hoy dentro del plazo establecido la Constitución", y añadió que "es muy importante aclarar que en el caso del veto supresivo y sustitutivo, en caso de que el Congreso lo rechace, tiene que votarse favorablemente por dos tercios de los integrantes de ambas Cámaras presentes en la sesión para insistir en el texto original".

"En caso contrario, entonces no hay norma", remarcó y agregó que "esperamos que exista voluntad para aprobar este veto porque creemos que corrige los aspectos más complejos de lo aprobado".

En particular, profundizó, en "el tema de la violencia ejercida por particulares para resolver conflictos jurídicos, algo que va en contra de las bases de nuestro entrenamiento jurídico y particularmente de nuestro sistema penal".

"En ese sentido -dijo- nos parece que se tiene que restablecer el principio de que son las policías y los tribunales los que restablecen el imperio del derecho, estando el monopolio de la fuerza radicada en el Estado".

Asimismo, apuntó al "establecimiento de la graduación de pena sobre la base de la gravedad de las circunstancias en que se comete el delito y, por tanto, el juez podrá tener consideración de estas circunstancias para finalmente determinar cómo se aplica la pena".

También, resaltó, "se establece esta forma de restitución anticipada o rápida de manera tal que, por un lado, las policías pueden actuar en cualquier momento y adicionalmente los tribunales pueden ordenar la restitución sin esperar el fin del juicio".

"Creemos que es una norma que otorga herramientas adecuadas para el rápido restablecimiento del imperio del derecho, pero al mismo tiempo respetando los príncipios básicos sobre los cuales se ha construido nuestro sistema penal. No podemos autorizar la violencia de particulares para ejercer más bien para resolver sus conflictos jurídicos, porque eso genera más violencia".

"En todo nuestro sistema penal existe graduación de penas de acuerdo a la gravedad de las circunstancias en que se comete un delito, algo que no acontecía con la norma que se había aprobado", enfatizó.

SIN ACUERDO

Respecto al apoyo que tendrá el veto en el Congreso, Tohá sostuvo que "en algunos temas hubo bastante buena disposición, en otros fueron más debatidos y la verdad no vamos a saber eso hasta que estemos en el Parlamento".

"No está cerrado un acuerdo. Hubo harto esfuerzo por lograrlo, pero al final había algunos temas en que no había realmente un entendimiento común, particularmente respecto a cómo debe sancionarse la pena pacífica", precisó.

La ministra añadió "este es uno de los proyectos priorizados (...) y le vamos a poner urgencia una vez presentado el veto".

"Esto es un delito, pero tiene algo excepcional que otros delitos no tienen y es la flagrancia permanente para efecto la actuación de las policías. Eso, por ejemplo, en el robo no existe, pero aquí va a existir. Eso significa que en cualquier momento la persona puede ir y pedir que Carabineros intervenga y desaloje el lugar en cualquier momento sin esperar que haya una resolución judicial, salvo que judicialice el caso y en ese caso ya el juez tendrá que definirlo", recalcó la jefa de gabinete.

A la vez, recordó que "hoy día la usurpación no es un delito; con esta ley va a ser un delito. Hoy día las policías no pueden intervenir en cualquier momento; ahora van a poder intervenir. Hoy día las policías no pueden detener; ahora van a poder detener. Hoy día en todo tipo de usurpación va a estar prevista la posibilidad de penas de cárcel que no existen para ningún tipo de usurpación".