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05/07/2023
Se siguen sumando indagatorias en el caso Convenios, estallado hace algunas semanas por los vínculos de la Seremi del Minvu con la fundación Democracia Viva en Antofagasta, pues la Fiscalía del Biobío abrió de oficio dos investigaciones que involucra al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), al Gobierno Regional y fundaciones.
El objetivo será "esclarecer la presunta existencia de delitos en los traspasos de recursos públicos hacia determinadas fundaciones", confirmó la repartición regional del Ministerio Público.
En detalle, la primera arista apunta a "eventuales irregularidades en los aportes recibidos por la fundación Urbanismo Social de parte del Serviu", por 148 millones de pesos; se trata de la misma organización que es objeto de la indagatoria abierta en el Maule por un convenio con la Seremi de Vivienda de esa región.
La segunda "está relacionada con la ONG Red Cultivarte y se investigan eventuales irregularidades en la asignación de fondos entregados por el Gobierno Regional", informó la Fiscalía del Biobío; en este caso los montos ascenderían a 274 millones de pesos.
Ambas causas están a cargo de la fiscal de anticorrupción María José Aguayo, de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional del Biobío.
En la víspera, el fiscal nacional, Ángel Valencia, desestimó, de momento, asumir personalmente las investigaciones del caso Convenios, por no existir hasta ahora antecedentes que justifiquen su intervención directa, según la ley orgánica constitucional del Ministerio Público; aunque no descartó cambiar su decisión a futuro, en caso de surgir nuevas informaciones que así lo ameriten.
Tras estallar el caso, varias voces parlamentarias de la Región del Biobío han pedido la renuncia de la delegada presidencial y militante de RD, Daniela Dresdner, por sus nexos del pasado con las fundaciones Democracia Viva -que estalló el caso Convenios en Antofagasta- y Urbanismo Social, en la que ella participó hasta 2017, según su propia versión.
La semana pasada, además, se conoció que Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez y representante legal de Democracia Viva, emitió en 2021 una boleta de honorarios a la campaña senatorial de Dresdner, entonces candidata a la Cámara Alta, por 3,9 millones de pesos bajo el concepto de Asesoría Comunicacional.
Entre 2018 y 2020, la delegada fue jefa de gabinete de Pérez.
La delegada ha insistido en que la situación que se generó en Antofagasta es muy distinta de lo que se cuestiona en el Biobío, donde afirmó no hay indicios de ningún tipo de delito ni de comportamiento antiético.
Por su parte, el Presidente Gabriel Boric ha dicho que, "con los antecedentes" tenía hasta el momento, "ni el seremi del Maule ni Daniela Dresdner tienen responsabilidades políticas que pagar".
A través de una declaración pública, el Serviu de la Región del Biobío afirmó que está "completamente a disposición" de la investigación de la Fiscalía y que "se entregarán todos los antecedentes que requiera el Ministerio Público".
"Confiamos que todos los procedimientos y procesos administrativos realizados por este Servicio se encuentran en regla y conforme a la normativa vigente", indicó la repartición.
"Anunciamos, además, que este miércoles 05 de julio, a las 09.00 horas, acudiremos de manera proactiva a la Fiscalía Regional a dejar toda la documentación referente al caso", concluyó el Serviu.
A su vez, a través de un video difundido durante la noche, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, aseguró: "Me alegra mucho que el Ministerio Público realice esta investigación. Lo agradezco, además, sinceramente".
En tal sentido, la autoridad señaló que ya dio las instrucciones a su administración "para que pongan a disposición todos los informes que sean requeridos".
"Vamos a partir durante el día de mañana ingresando todos los antecedentes relativos a los distintos contratos que tenemos con organizaciones que prestan servicios al Gobierno Regional", agregó.
