La Contraloría General de la República, por intermedio del contralor Jorge Bermúdez, descartó la existencia de ilegalidades en el decretó que permitió la creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación.

Esto luego de que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó “preocupación” por la iniciativa impulsada por el Gobierno e indicó que se debe “evitar la tentación de instaurar mecanismos de censura”.

“Fue objeto de control previo de legalidad, es decir, se contrastó el ordenamiento jurídico con lo que se estaba diciendo en ese acto administrativo, en el control previo de legalidad que se llama toma de razón. La Contraloría no detectó ningún problema en la creación y en la dictación de ese decreto”, precisó el contralor.

Cabe recordar que la comisión está compuesta por nueve miembros y desde que se tomó en conocimiento la creación de la iniciativa, desde la bancada UDI solicitaron revocar el decreto e incluso anunciaron que llegarían hasta el Tribunal Constitucional.