Suspicacia y escepticismo ha causado en el mundo político, como también en la opinión pública, la creación de la Comisión Asesora Contra la Desinformación, comité que será liderado por el Ministerio de Ciencias y Tecnología, y que, en sus principales funciones, se haya el analizar y evaluar el fenómeno global de las fake news en plataformas digitales.

Pero ¿Por qué surge la discordia? Por un lado, autoridades políticas del país han señalado que es peligroso, y que recae en la inconstitucionalidad, que un Gobierno esté a la cabeza de una delegación encargada de chequear la veracidad de la información que circula.

Por otro lado, parlamentarios y parlamentarias han sostenido que nunca se les comentó de la creación de este órgano contra la desinformación, hasta que fue publicado, y por consecuencia promulgado, en el Diario Oficial el 12 de mayo.

Desconfianza

El Gobierno central explicó que los integrantes de la Comisión Asesora Contra la Desinformación, quienes serán presentados durante el mes de julio, analizarán y evaluarán el fenómeno de la desinformación y fake news en plataformas digitales, su manifestación a nivel país y su impacto en los procesos democráticos.

El argumento central es que la desinformación es un problema global que amenaza a las democracias y que requiere soluciones colectivas. Además, indicaron desde el Gobierno, su creación fue motivada debido al estudio de la experiencia internacional de organismos como la OCDE y la Unión Europea, donde países como Francia ya han creado comisiones de expertos para guiar el debate sobre desinformación en plataformas digitales, sobre todo tras la irrupción de la inteligencia artificial y el papel que juegan los algoritmos.

Ante esto, el senador de la República, Enrique Van Rysselberghe, señaló que “el objetivo de esta Comisión no queda claro”, debido a que “inevitablemente abarcará temas y acciones que tiene directa relación con la libertad de expresión de las personas, por lo que sus recomendaciones o planes pueden, en algún momento, atentar contra la libertad de personas”.

En ese sentido, el senador de la UDI, partido que decidió acudir al Tribunal Constitucional para revisar la legitimidad de dicha Comisión, explicó que la ve con escepticismo y como una eventual amenaza para la libertad de opinión de los ciudadanos, argumentando que “este tipo de acciones de control o que buscan determinar por decreto la verdad que puede ser difundida, es propia de gobiernos totalitarios, donde todo aquello que sea contrario a la verdad oficial, es tildado de falso o de fake news (…) Espero que el gobierno recapacite y revierta esta decisión”.

Por su parte, la diputada Flor Weisse (UDI), fue tajante al decir que “pareciera que la tónica del Gobierno es el error. Esta es una manifestación de aquello”. Continúo por decir que “es una decisión que está revestida de riesgo y de harta polémica. No me parece apropiado por dos razones. Primero, porque nos enteramos del Decreto cuando se publicó en el Diario Oficial, sin que se haya conversado previamente el tema. Segundo, por qué las materias que pretende regular son materias de ley, ya que es relativa a una garantía constitucional ‘la libertad de expresión’”.

Para Weisse, una mejor opción es que se incorporen opiniones transversales y que la creación de estas comisiones se aborden como temas de ley, en donde todos y todas puedan dar sus opiniones. “Hoy el Gobierno está en un momento de debilidad, tiene demasiados focos abiertos para abordar el tema de la desinformación, que finalmente formulará recomendaciones en las políticas públicas, como un secretismo”.

“Hay que velar siempre por la libertad de prensa”

El diputado Eric Aedo (DC), también se mostró escéptico ante la creación de esta comisión, diciendo que, incluso, ese sentimiento no corresponde solo a la oposición, sino que se ha hecho ver desde diversos sectores políticos.

“Aquí, lo que hay que velar siempre, es por la libertad de prensa. Aquí no pueden existir mordazas a la libertad de prensa. Es gracias a ella y a esa libertad, que nos enteramos de hechos muy lamentables, como, por ejemplo, esta defraudación al fisco que hemos conocido en los últimos días”, dijo Aedo en relación al caso de la fundación Democracia Viva.

Añadió que, en virtud de su cargo como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y Diputadas, citó a la ministra de Ciencias y Tecnología, Aisén Etcheverry, para que exponga los alcances de la mesa creada.

Por su parte, el senador Gastón Saavedra (PS), indicó que en ningún momento la libertad de opinión o de prensa, derechos constitucionales, están en discusión. Y que, además de velar por ellos, se debe hacer lo mismo por el derecho a la “buena información, a la información fundada en la verdad”.

A lo anterior, señaló que “lo que tiene que haber es una libertad de información, libertad de prensa, pero al mismo tiempo fundada siempre en la verdad y en el respeto a los derechos de las personas”, porque, según dijo, la desinformación y las Fake News ha causado daño a las relaciones sociales.

Comisión Asesora Contra la Desinformación

Las áreas de trabajo de la Comisión Contra la Desinformación serán el impacto de la desinformación en la calidad de la democracia; educación y desinformación: alfabetización digital; desinformación en plataformas digitales; buenas prácticas internacionales y experiencia comparada; políticas públicas y desinformación.

Además, según información gubernamental, las sesiones de la Comisión podrán ser presenciales, telemáticas o híbridas, y los acuerdos de iniciativas se harán mediante votación por mayoría absoluta. A esto se incluye que sus integrantes, como bien se mencionó serán presentados en el mes de julio, y trabajarán ad honorem, esto quiere decir que no recibirán retribución económica.

Sobre los integrantes, el decreto contempla nueve: dos representes de universidades estatales, dos de universidades privadas, uno/a de una universidad cuya sede central esté fuera de la Región Metropolitana, tres representantes de una ONG, Fundación o Sociedad Civil que trabajen contenidos en línea a la Comisión, y un/a representante de una organización de Fast-Checking.

La designación de los integrantes se realizará mediante los actos administrativos respectivos, otorgándole la facultad a la ministra de Ciencias y Tecnologías, Aisén Etcheverry, la elección de estos, con previa consulta a la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo.

Como producto final, la Comisión deberá presentar dos informes independientes sobre el diagnóstico a nivel local y/o global sobre el fenómeno de la desinformación en plataformas digitales, la experiencia local sobre cómo funciona en Chile y el mundo, además de la entrega de lineamientos y/o recomendaciones para la alfabetización digital y regulación de plataformas digitales.